RECIENTEMENTE este diario publicó un reportaje en el que se destacaba que “no caben más infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanos en el litoral de la península Ibérica”, según la Estrategia estatal de Cambio Climático recientemente aprobada. En referencia a Euskadi, el informe venía a decir que “nuestra comunidad con sus 256 kilómetros de costa y sus 396 kilómetros cuadrados de aguas interiores está sufriendo un incremento del nivel medio del mar, cambios de intensidad y dirección en el oleaje, y modificaciones de la temperatura y acidificación del océano. De hecho, en la estrategia propia del País Vasco ante el cambio climático se indica que se espera que el nivel medio del mar ascienda entre 29 y 49 centímetros para finales del siglo XXI, lo que podría provocar el retroceso de la anchura de las playas e incremento del riesgo de inundaciones en los estuarios. Estas previsiones se basan en que el aumento del nivel medio del mar registrado en la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia media global de entre 2,8 y 3,6 milímetros anuales entre 1993 y 2010”.
A la luz de estas afirmaciones, cabe decir que las evidencias del cambio climático son cada vez mayores. Los impactos del cambio climático que se esperaban para el futuro se están sintiendo ya de modo abrupto. No es un asunto de nuestros descendientes sino nuestro, y debemos prepararnos para ello. ¿Lo estamos?
Sin duda, el cambio climático es uno de los retos ambientales más urgentes y complejos que tenemos a nivel global y local, y al que tenemos que prestar toda la máxima atención. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) afirma con rotundidad que el calentamiento registrado desde mediados del siglo XX está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por la actividad del ser humano.
En los 150 últimos años la temperatura mundial ha aumentado aproximadamente 0,8 grados centígrados y está previsto que siga haciéndolo. En los últimos años, se están batiendo todos los registros existentes hasta la fecha y son considerados como los más calurosos de la historia. Los efectos de estos cambios en el clima se están percibiendo en sectores como la agricultura, la silvicultura, la producción energética, el turismo o las infraestructuras en general. Una de las regiones más vulnerables a los efectos directos del cambio climático (subidas de temperatura, inundaciones, sequías?) es el sur de Europa, y en consecuencia Euskadi.
En Euskadi contamos al menos con la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco-KLIMA 2050, que fue aprobada en 2015, y que es el instrumento compartido por todos los departamentos del Gobierno vasco. La aprobación de dicha estrategia supone un hito ambiental para nuestro país, ya que cuenta con una herramienta propia para afrontar los desafíos futuros de la climatología.
Con el fin de evitar los riesgos más graves derivados del cambio climático, el calentamiento mundial debe limitarse a una temperatura inferior a dos grados centígrados para finales del siglo XXI por encima del nivel anterior a la era industrial. Esto implica que la reducción de los efectos del cambio climático debe seguir siendo una prioridad del conjunto de la población mundial. La hoja de ruta que marca la estrategia vasca está en consonancia con ese objetivo.
Para la determinación de los objetivos de mitigación en Euskadi se ha realizado un ejercicio de Escenarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2050, conjuntamente entre varios Departamentos del Gobierno vasco y alineándolo a los escenarios económicos, energéticos, demográficos y ambientales. En base a este trabajo, y tomando como referencia permanente Europa, Euskadi ha definido en la presente Estrategia el objetivo de reducción al año 2030 de al menos el 40% de sus emisiones de GEI, y a 2050 el objetivo de reducirlas al menos en un 80%.
Sin duda, para alcanzar ese horizonte, que va a ser costoso, es necesaria una fuerte apuesta a nivel de país que permita un cambio estructural en todos los sectores emisores. Los objetivos de reducción de emisiones de GEI deben de estar acompañados, de una conversión de los sectores hacia un consumo energético más eficiente y una cuota de energías renovables en el consumo energético final de al menos el 40%, ligado a una progresiva transformación hacia la electrificación de los sectores consumidores.
Pero no basta solo con una política de reducción de los GEI, sino que es necesario también una política de adaptación y anticipación a los riesgos. En este sentido, es prioritario abordar el abastecimiento de agua, ya que, según las proyecciones de cambio climático, los cambios en la precipitación y en la temperatura afectarían a la disponibilidad de los recursos hídricos con una disminución del caudal medio y probablemente con una mayor variabilidad estacional y mayor frecuencia de sequías hidrológicas.
Por otra parte, la vulnerabilidad del territorio ante los riesgos climáticos (inundaciones, desprendimientos, oleaje y subida del nivel del mar) está vinculada tanto al propio diseño y operación del medio construido como a su localización, a lo que se le añade la posible existencia de efectos en cadena relacionados con impactos climáticos que afectan al medio construido y a las infraestructuras críticas de energía, agua, alimentación, salud y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Las actuaciones futuras en el ámbito de la adaptación deberán estar orientadas, por tanto, a identificar, analizar y monitorizar las zonas y las infraestructuras más vulnerables, pero también a diseñar las nuevas en zonas que no sean objeto de los impactos del cambio climático.
Hay una cuestión fundamental, en mi opinión, que plantea el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC) y es que “muchas opciones de adaptación y mitigación contribuyen a controlar el cambio climático, pero ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación de las opciones sea efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las escalas; y para que estas se fortalezcan, se requieren respuestas integradas que vinculen la adaptación y la mitigación con otros objetivos sociales”.
En esta línea, los objetivos y las metas definidos para Euskadi buscan fijar el punto final que es necesario alcanzar en el largo plazo (año 2050), pero para llegar a ese horizonte se deben concretar actuaciones en periodos de tiempo más cortos que puedan ser actualizadas con los avances científicos y tecnológicos en desarrollo. De esta forma, la hoja de ruta marcada a 2050 se concreta en periodos de tiempo más reducidos (por décadas), lo que permitirá, sin duda, especificar las acciones que deberán llevarse a cabo en las diferentes líneas de actuación.
Nos encontramos ante el mayor reto ambiental del siglo XXI, pero también y por darle la vuelta, con una oportunidad histórica para lograr una economía innovadora, baja en carbono y adaptada a los impactos del cambio climático. A ver si lo conseguimos.
