EL pie forzado del Convenio navarro de 1841 fue la constitución de 1837. Pero el punto de partida de la constitución de 1837 fue el Estatuto real de 1834, modificado por la política radical y revolucionaria de Mendizábal y del partido progresista, que se mostraba incompatible con la base constitucional del Estatuto. Las sociedades secretas y otros exaltados que apoyaban a Mendizábal hicieron imposible esta evolución legal, que terminó con el pronunciamiento de La Granja y que pretendía restaurar la constitución de 1812. En efecto, en este ambiente se dio el levantamiento armado de varias ciudades, que desembocó en el motín de La Granja en agosto de 1836 que reclamó a María Cristina como regente y proclamó la Constitución de 1812. Es decir, se pedía una vuelta al sistema liberal. Se pedía una nueva Constitución que fuera una reforma de la constitución de 1812, si bien la burguesía progresista estaba dispuesta a hacer concesiones a los moderados.

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