EL president Artur Mas ha dado un pisotón a fondo al acelerador de su política para los meses que faltan hasta las elecciones autonómico-plebiscitarias de septiembre, con dos nombramientos y el anuncio de su hoja de ruta. Los nombramientos son de dos comisionados, con rango de quasiconsejeros y asistencia a los consejos de gobierno, que se ocupen, respectivamente, de profundizar en la transparencia (anticorrupción) y de crear las primeras estructuras del futuro Estado catalán.
Al primer cometido se dedicará Núria Bassolos, que ya se ocupaba de lo mismo con el rango de directora. Fue miembro del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y dirigió la escuela judicial (entidad formadora de los jueces españoles, radicada en Barcelona) hasta su destitución el 2008 por el gobierno de Madrid. Para crear estructuras de Estado, empezando por la Hacienda y la Seguridad Social, el escogido es Carles Viver i Pi-Sunyer, que ya presidía el órgano asesor teórico de la comisión por el proyecto nacional, fue vicepresidente del Constitucional español y también presidió el mismo alto tribunal de Andorra.
Los comisionados, según el president, tendrán el refuerzo de técnicos, algunos a nombrar por Esquerra Republicana y, por otra parte, el Govern, intocado y reforzado, ahondará en las políticas reclamadas de creación de empleo, fomento de la estructura industrial, lucha contra la pobreza, apoyo de las familias, estado del bienestar y demás reivindicaciones sociales.
El acelerón se produce contra viento y marea de dos corrientes políticas adversas. Una, la degradación y amenaza de destrucción del actual sistema de partidos, con el PP en cabeza de los amenazados por su corrupción, el PSOE revolucionado en su sede de Madrid, los socialistas del Principat divididos, CiU en desunión y las emergencias asimétricas de fuerzas como Podemos -que tan pronto van solos como forman coalición para las municipales de Barcelona y van por el referéndum pero contra la independencia- o Ciutadans en expansión por el conjunto del Estado, con las chocantes declaraciones de su líder, Albert Ribera.
La otra es la presión del gobierno y las estructuras estatales sobre Catalunya, con saltos atrás en el tiempo y empleo de todas las estructuras, incluidas las judiciales. La declaración de soberanía del Parlament, recurrida al TC, por citar una de las más trascendentes, no ha sido sino la tercera en el tiempo y ninguna de las anteriores fue recurrida. Como tampoco lo fueron el conjunto de oficios de representación de la Generalitat en el exterior, y ahora se proponen suspender las dos nuevas de Viena y Roma.
La observación, el control, los intentos de menoscabar el autogobierno, llegan a extremos tan ridículos como instar a la Fiscalía a investigar si es un delito de falsificación de moneda la edición por iniciativa privada de series numismáticas de ocho piezas, sin valor para su circulación, conmemorativas del tercer centenario (de la caída de Barcelona en la guerra de sucesión, 1714). De la trascendencia, la posibilidad de confusiones con las monedas de curso legal, las expectativas de demanda y de negocio, dan idea clara dos únicos datos: la emisión es de 5.000 ejemplares y se venden por poco más de cinco euros. Si se prefiere, valga una comparativa, las 70.000 colecciones de euros andorranos destinados a numismáticos se ofrecen a los extranjeros en estuches que cuestan 24 y en e-bay se revenden a una media de 80, con algún subastador afortunado que ha llegado a colocar alguna a más de 160.
El colmo de los ataques corresponden, sin embargo, al titular de Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, de cuyo departamento han salido supuestos informes e instrucciones judiciales de corrupción, después demostrados sin fundamento, contra el propio president Mas, contra el alcalde Trías y, la más reciente, contra el conseller Felip Puig, quien como el alcalde ya ha anunciado querellas contra quienes considera calumniadores.
El periodista Jordi Évole, en la reciente entrevista televisada -por si no la vieron-, le preguntó al ministro si debería pedir excusas al primer edil barcelonés. Y respondió: “No tengo por qué”. Más aún, Évole añadió, incisivo: “dicen que es usted quien filtra esos informes”. La contestación no pudo ser más escueta: “¿Y?”.
El monosílabo no puede dejar de conectarnos en la memoria una frase, escuchada hace ya demasiados años en petit comité al entonces diputado general de Bizkaia, José María Makua, quien a su vez reproducía lo que un viejo aldeano de Gernika respondió sobre la causa de la destrucción de la ciudad mártir en un español con su sintaxis euskaldun: “los rojo separatistas que han sido nos han dicho que digamos y...”.
Pues eso: la que está cayendo, algo más gráfico que un “no comment”, en boca ministerial y el acelerón que parece muy decidido de Mas para los próximos meses.
