EL viejo anticatalanismo del búnker barraqueta, como se rebautizó a la derecha y ultraderecha valencianistas, da síntomas de disminución, de tendencia a desaparecer, mientras que otra comunidad hasta ahora convencida de su condición catalana, las Baleares, se aleja como un cohete. La prueba del nueve de la aproximación entre el País Valenciano y el Principat ha sido el acuerdo para intercambiar las señales de sus televisiones autonómicas. Parece de cajón, pero durante décadas los gobiernos del PP en la comunidad del sur lo persiguieron con todos los medios a su alcance, incluidas normas del ejecutivo, sanciones administrativas en cientos de miles de euros y envío de la Guardia Civil a cerrar repetidores
Decía Leandro, el personaje del nobel Benavente, que "mejor que crear afectos es crear intereses". Y es cierto que Fabra, el actual president de la Generalitat valenciana, de Castellón (a diferencia de sus antecesores, llegados de más al sur), mostró de entrada un talante bien distinto al de quienes le habían precedido, respecto de las relaciones con el Principat. De la indiferencia ante el vecino del norte, pasó pronto a la colaboración en un proyecto de interés y reivindicación conjuntas, de Almería a Toulouse: el corredor mediterráneo de ancho de vía europeo, para mercancías (sobre todo) y para el AVE. Ahora, a esas coincidencias se suma la reclamación de una financiación más justa y del aumento del tope de déficit público.
Parecería, con eso del arco mediterráneo que en ses Illes (las Islas, referencia habitual a las Baleares en el marco de la catalanidad), se había de mantener o incrementar el estatus de asunción del catalanismo, incluida la lengua y con ese nombre, además de la participación en las reivindicaciones del ámbito económico.
Pues en Baleares sucede todo lo contrario. Resulta que el nuevo presidente, nacido en Madrid, exige escribir y pronunciar su nombre y apellidos con grafía y fonética españolas: José Ramón Bauzá. Nada de Josep Ramon Bauçà. Que utiliza como única lengua la de Cervantes en sus declaraciones, oficiales o no. Y que, actuando en consecuencia, ha suspendido la inmersión lingüística en catalán en las islas, dividiendo las horas lectivas en tercios para el idioma propio y los de los imperios (el segundo es el británico) y ha introducido en los libros de texto de cada isla formas dialectales autóctonas, diferentes no solo del catalán oriental, sino del mallorquín. Hasta se ha lanzado a cambiar los topónimos propios, recuperados tras la dictadora, para volver a llamar Mahón a Maó y Palma de Mallorca a la Ciutat de Palma.
Lo más curioso es que el PP balear tiene entre su militancia el equivalente de Convergència Democràtica de Catalunya. Y que buena parte de los afiliados y de las autoridades locales afectadas, aun de la misma formación, están que trinan y se manifestaron masivamente contra las medidas regresivas de su presidente, el señor Bauzá, respecto de la identidad isleña. Sobre todo, fuera de la capital del archipiélago. Al punto que, al menos hasta hace poco, no salía a actos públicos fuera de Palma, ni de Mallorca, si no era con fuerte escolta.
El cambio de eje, de Catalunya-Baleares a Valencia-Catalunya, como suele suceder en este tipo de relaciones observadas desde el centro del Estado, no es simétrico. A la segregación insular automática y clara se oponen las condiciones valencianas para aceptar TV-3. Primero, que dejen de referirse a su territorio con la definición tradicional de País Valencià (que lleva en su nombre la federación regional del Partido Socialista, por poner un caso) para hacerlo con el nombre artificial, vacío y político de Comunidad Valenciana. Y, segundo, que el Gobierno español de su partido les conceda un paquete de frecuencias de TDT nuevas que viene reclamando hace tiempo y nunca obtuvo, ni de Zapatero ni de Rajoy. Acció Cultural ha dicho que pueden disponer de sus frecuencias y repetidores, que funcionaron mientras pudieron y no se han ocupado después del ERE que redujo la plantilla del Canal 9 televisivo y sus cadenas de radio a la mitad, o poco menos. Con la que está cayendo en el universo de la comunicación en general, cuesta adivinar el objetivo de las nuevas frecuencias reclamadas, como no sea para hacer un negocio con nuevas concesiones a empresas privadas afines, que se antoja poco rentable.
