SI las relaciones entre Catalunya y España fueran la saga de La Guerra de las Galaxias, el episodio actual debería titularse El imperio no para de atacar. Y no solamente con decisiones directamente gubernamentales, también desde Hacienda y a través de los tribunales. Desde el organismo que rige el ministro Montoro se reclama ahora, con la que está cayendo, un pago de 11 millones de euros derivado del pago de horas extras a personal médico de un hospital de Barcelona, entre los años 2008 y 2012. Satisfacer semejante cantidad obligaría, según la Generalitat, a suprimir más de un centenar de puestos de trabajo. Por otra parte, los horarios de servicio y sus condiciones recogidas en convenio, siempre según el Gobierno catalán, quitarían a esas horas trabajadas el concepto de extraordinarias. Y por eso se abre un nuevo frente judicial, con un recurso de alzada contra la reclamación, en primera instancia, y con un contencioso-administrativo, si el recurso es rechazado. Y así, hasta el Constitucional, si fuera el caso.

El asunto puede parecer menor, sobre todo, si se compara con otras batallas y ataques, como los que no cesan a cuenta de la lengua propia del territorio. La penúltima fue la interlocutoría del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJC), según la cual, cuando un alumno del sistema público reclama ser escolarizado en español, el aula entera ha de pasar a tener el también llamado castellano como lengua vehicular, junto al catalán, "en la proporción que decida la Generalitat".

Más allá de la contradicción aparente, entre el reconocimiento de la competencia propia para establecer la proporción en el uso de las dos lenguas, y obligar a todo un colectivo a pasarse a la no deseada por la reclamación de un solo miembro (mejor dicho, de sus padres, que son siempre los reclamantes), la consejera Irene Rigau, el propio presidente Mas, y la inmensa mayoría de las comunidades educativas -profesores, padres y madres- están a favor de no aplicar lo que parece más que difícil de llevar a la práctica, hasta llegar a la insumisión.

Lo que no quita que el ministro Wert, el de la voluntad expresa de españolizar a los alumnos catalanes, o la líder de su partido en el territorio, Alicia Sánchez Camacho, vuelvan al estribillo preferido de su canción: "Las decisiones judiciales están para acatarlas". Ojalá existiera el viejo fuero de las Juntas Generales, de poder aplicar el "pase" diciendo aquello de "se acata, pero no se cumple". Más cuando por amparar el presunto derecho de una sola persona se obliga a veinte, o más, a no poder ejercer el suyo.

Parece conveniente recordar que el sistema de inmersión lingüística en catalán mereció los elogios de los máximos organismos europeos y de la Unesco. Que los estudiantes afectados, tras acabar el ciclo completo, obtienen una nota media superior a la media del Estado, en lengua española. Y que las familias que han reclamado por vía judicial la educación de sus hijos en el idioma imperial han sido 17, entre más de seiscientas mil. Y de ellas solamente once han llevado la reclamación hasta la última instancia.

Mientras, las diversas líneas de actuación del Govern en el cumplimiento de su programa siguen avanzando, tanto en los aspectos económicos y de gestiones para evitar unos presupuestos catastróficos, como en el proceso soberanista. En este último, el primer paso previsto se ha dado: la constitución del Consejo para la Transición Nacional, que preside el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Vives Pi-Sunyer, y que integran además seis catedráticos universitarios, tres profesores de universidad, el sociólogo y articulista Salvador Cardús, el empresario Joan Font y la periodista y exlíder de Esquerra y el PI, Pilar Rahola. Todo eso a pesar de las declaraciones y contradeclaraciones sobre la necesidad de negociar con el gobierno y la oposición estatales la celebración de la consulta, para que pueda ser legal o, directamente, para cargarse de negativas y razones ante la comunidad internacional en defensa del derecho democrático a decidir y del derecho universal de autodeterminación de (todos) los pueblos, ratificado en su reconocimiento por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante su visita? a Andorra.