EL pacto fiscal de Catalunya con el Estado, piedra angular del programa de Artur Mas, parece imposible que sea aprobado por el gobierno y el parlamento estatales, pese a la coincidencia general, PP incluido, en la necesidad de reducir de forma substancial la injusticia que supone el endémico expolio económico del territorio. Con la fe del carbonero, Mas y Durán, con divergencias de matiz pero en tándem, han iniciado ya la preparación desde la casa propia, con el conjunto de fuerzas políticas del Parlament, para intentar algo que no parece más fácil: llevar una propuesta concreta y consensuada por la práctica totalidad para plantearla en Madrid. Celebrada la primera cumbre, el portavoz del Govern, Francesc Homs, anunciaba con satisfacción que el Partit del Socialistes (PSC), a través de su líder, Pere Navarro, había aproximado sus posiciones a las del trío del acuerdo inicial formado por Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana (ERC), e Iniciativa (IC-V).

Pero las posturas, aunque se hable de aproximaciones, están muy alejadas, y con las aristas de los intereses de cada formación para dificultar el encaje. De entrada, el proyecto del nuevo trío de los más catalanistas y Laporta consiste en adquirir la recaudación íntegra de todos los impuestos por la Generalitat, a través de la creación de una hacienda única y propia. Es decir, disponer de la caja y, sobre todo, de la llave de la caja, en expresión del propio Mas. El socialista Navarro, por lo que dice, propugna un acuerdo bilateral, al margen del sistema de las comunidades de régimen común, pero con caja y llave compartida. Añade el compromiso de intentar la aceptación del PSOE, o de votar diferente en el Congreso, lo que constituiría un hecho absolutamente insólito, además de estéril, por la aritmética de los escaños en el edificio de la Carrera de San Jerónimo. Alicia Sánchez Camacho, estrella en declive del PP desde que no consiguió la inclusión en los presupuestos generales de más inversiones en Catalunya, propone una reducción substancial de la contribución catalana a las arcas del Estado, pero dentro de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La diferencia, y hasta incompatibilidad entre los tres proyectos, salta a la vista.

Añádase que Oriol Junqueras, el historiador y actual líder de ERC, ya ha manifestado que si CiU "rebaja" el nivel del pacto, estarán frontalmente en contra. Diversos comentaristas ven ya en el horizonte una nuevo modo de marcar distancias con el "condescendiente" gobierno catalán actual y la federación que lo sustenta, proclamándose únicos defensores de la soberanía y de la única salida que proclaman para un futuro viable: la independencia.

Para el conjunto, y especialmente para CiU, por mucha que sea la dificultad, no menos fuerte es la presión social, de empresarios, sindicatos, instituciones civiles y ciudadanía, para la consecución de un nuevo estatus en la relación económica entre Catalunya y el Estado. La opinión generalizada añade, además, la desconfianza basada en la experiencia de los compromisos, incluyendo pagos concretos aceptados, que han sido y son una constate por parte de los gobiernos de Zapatero, de Rajoy y anteriores. La misma desconfianza, por cierto, de los mercados, la UE, el Banco Central Europeo, el FMI y el mundo todo respecto de los gobernantes y las instituciones españolas.

Por si algo faltaba para añadir dificultad a esta carrera que supera, por la cantidad y altura de obstáculos, al Grand National de Entree, el momento, la fatídica crisis, no es el más oportuno. Lo reconocía el propio conseller de Economía y prestigioso catedrático Andreu Mas-Colell. Sin embargo, no siempre los tiempos de grandes dificultades son los más desfavorables para acuerdos trascendentales. Decían los responsables económicos del gabinete Rajoy que no había ni un euro más para añadir, ni admitirían enmiendas que supusieran el menor incremento del gasto. Todo el mundo parece haberlo admitido. Pero entonces, ¿de dónde salen los 23.000 millones del rescate de Bankia? ¿Y los miles de millones para socorrer las autonomías, empezando por las plazas fuertes del PP que son Madrid y Valencia? ¿Y los destinados a los pagos de proveedores de comunidades y ayuntamientos? Al final, va a resultar cierto, aun en plena crisis, lo de querer es poder. Otra cosa es que obvien el reconocimiento de aquel viejo político, de que "no es posible gobernar contra Catalunya".