LA derecha recalcitrante española del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha heredado una situación en España catastrófica. Se dice pronto: cinco millones y medio de parados; 9% de déficit público; un fraude fiscal descomunal, más que el doble del déficit público; una parte de la banca, insaciable en recibir ayudas públicas, tambaleándose; decenas de empresas públicas sin actividad durante décadas, cobrando sus dirigentes; desprestigio internacional sin precedentes desde la dictadura franquista; grandes inversiones en infraestructuras inútiles… El PSOE, la izquierda nominal, ha sido un verdadero desastre.
Rajoy ha cogido las riendas en una situación muy complicada y muy difícil de afrontar. No se esperaba del PP que mejorara las prestaciones sociales. Sigue básicamente la misma trayectoria que el PSOE, pero a partir de una situación más deteriorada. Probablemente hubiera terminado haciendo lo mismo que está haciendo ahora el PP. Ambos se someten a lo que marcan las instituciones europeas, sin más consideraciones. Lamentable.
En política económica, del gobierno con Rajoy a la cabeza se esperaba algo más que recortes. Se esperaba que Rajoy se apoyara en personas competentes capaces de impulsar la actividad económica en todas las áreas y con ello reducir el paro drásticamente. Objetivo prioritario con efectos muy positivos, no solo en aspectos sociales sino también como un factor para la reducción del déficit, por el aumento de ingresos en la Seguridad Social y Hacienda.
No está siendo así. Rajoy, tenía que haber aplicado ese principio básico de "acumular la experiencia propia y ajena". Le bastaba observar con cierto detenimiento lo que había hecho el gobierno anterior de Zapatero y sus resultados desastrosos para no incurrir en los mismos errores. Pues bien, está incurriendo en los mismos errores. Resultado: no se levanta cabeza...
Rajoy y su gobierno, para justificar los recortes en prestaciones sociales de todo tipo e inversiones públicas, utiliza la mala y desastrosa situación del país. Esta información sobre la situación del país se divulga tanto en el interior como en visitas a otros países. Y proyectar catastrofismo es lo más eficaz para espantar a los inversores. No solo financieros sino de todas clases. Las empresas públicas o privadas e incluso los consumidores informados, no invierten en marcas, empresas o países que no ofrezcan seguridad. Cuanta más información negativa, peores expectativas para colocar productos industriales, financieros o de cualquier otra clase a precios razonables. Esta circunstancia se está constatando.
El objetivo prioritario no puede ser, nunca, la reducción drástica del déficit público a cualquier precio. Si el déficit se ha desbocado por el descontrol general, el despilfarro de recursos públicos, un fraude fiscal desorbitado y por innumerables deficiencias e irregularidades en la administración pública, lo razonable sería establecer un plazo suficiente para alcanzar los niveles establecidos como normales, sin perjudicar, en modo alguno la actividad económica en todas las áreas tanto privadas como públicas, para reducir, eso sí, el enorme paro existente.
La reducción del déficit de una forma drástica, como objetivo prioritario, puede complacer a las instituciones europeas y al Fondo Monetario Internacional, pero no resuelve los problemas de fondo. Mientras esto no ocurra, España seguirá sumida en una situación insostenible de desprestigio internacional y tensiones internas crecientes.
El déficit público tiene que establecerse como un límite en los planes de desarrollo e inversiones y en la propia administración pública. Nunca como un fin en sí mismo y, mucho menos, como freno o reducción en las prestaciones sociales a la ciudadanía.
Llama la atención que el gobierno de Mariano Rajoy sea incapaz de realizar un estudio en profundidad para establecer un programa completo con el objetivo básico y prioritario: reducir el paro, impulsando la actividad de la economía en todas las áreas, al tiempo que se establecen medidas para la reducción progresiva del déficit público.
Desgraciadamente, ha optado por medidas/recortes semanales. Este método no es serio. Sin embargo, es extremadamente grave. Crea más incertidumbre en todos los sectores de la sociedad. En lugar de impulsar la actividad, la frena.
El sistema que está llevando el gobierno de Rajoy es lamentable, a excepción de algunas medidas acertadas y elementales, los recortes en las prestaciones sociales son indeseables. Para hacer eso, no se necesitan ni personas relevantes, ni asesores, basta un funcionario mediocre y sin escrúpulos que sepa, claro, las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. De imaginación, creatividad, organización, solidaridad… nada.
Reducir gastos, sí; pero mejorando la organización y eficacia de la superestructura del Estado; eliminando servicios innecesarios como, por ejemplo, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en las comunidades autónomas; cuarteles y gobiernos militares en zonas cuya presencia son absolutamente superfluas y estériles; policía nacional y guardia civil, donde existen policías autonómicas. Limitar el número de asesores de los cargos públicos… Racionalizar y coordinar adecuadamente la Sanidad pública, eliminando servicios inútiles y/o duplicidades; simplificar y saturar las secciones administrativas… Esto debe hacerse en profundidad y de forma acelerada. No se puede empezar por reducir o eliminar los servicios a la ciudadanía. Menos todavía hacer pagar servicios a personas mayores que están malviviendo con pensiones insuficientes de semihambre. Esto es sencillamente inmoral.
Como lo es que haya habido personas ocupando altos cargos en empresas públicas sin actividad durante décadas, cobrando importantes emolumentos. ¿Se les va a exigir la devolución de lo cobrado sin hacer nada? ¿Se presentará una querella en los tribunales?... ¿Se exigirá responsabilidades a los que han permitido que suceda?
Se está hablando de recentralizar la administración periférica y funciones transferidas por el Estado: Comunidades Autónomas y diputaciones. Tal vez sea acertado replantearse el modelo del Estado. A partir del famoso café para todos se crearon comunidades absolutamente artificiales. Este planteamiento ha supuesto unos gastos descomunales.
Ahora el problema es más complicado. Los partidos españoles -PP/PSOE- mantienen a miles de compañeros, familiares, amigos… en la administración periférica del Estado. El PP, que impulsa esta cuestión, lo tiene más sencillo: aplicarlo en las Comunidades Autónomas que controla actualmente.
En Euskadi, ni recortes ni recentralización que pretendan imponer desde Madrid. En Euskadi, referida solo a la CAV, están las instituciones que tienen que organizar, racionalizar, coordinar toda la administración pública para reducir costes/gastos y aumentar ingresos, sin tocar prestaciones a la ciudadanía ni reducir la calidad de vida.
En Madrid, el gobierno de Rajoy tiene más que suficiente para actuar sobre la administración e instancias que dependen directamente de Madrid y sobre las Comunidades Autónomas que lo requieran.
Aquí se perfila una situación más positiva. En pocos meses, se producirá el cambio del Parlamento y de Gobierno vasco. Volveremos a reencontrarnos con un gobierno que representa a la mayoría de la sociedad vasca. Que siente y trabaja por esta tierra y sus habitantes y no por España, como prioridad, a través de Euskadi. Se constituirá un gobierno de personas competentes capaces de afrontar, con eficacia suficiente, los retos del momento.
