LAS declaraciones del representante de la APM, el pasado día 24 en DEIA, merecen, como mínimo, la calificación de arbitrarias e infundadas y, en mi opinión, desproporcionadas. Al exigir la abstención de los vocales del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría y Gómez Benítez, Antonio García confunde este Órgano con un tribunal. El mencionado Consejo es un Órgano político y sus vocales ejercen también un cargo político. El sentido de sus opiniones no está sometido a ninguna ley, salvo a la de su conciencia. Pueden gustar o no, pero es evidente que su deber es tener en cuenta los principios de mérito y capacidad a la hora de votar a cualesquiera cargos. Y, desde luego, no están obligados a respetar las opiniones o aspiraciones de ninguna asociación judicial. Es claro que, si es verdad lo que dice Antonio García, estos vocales no juzgan capaz, ni con mérito suficiente, a D. Pablo González para ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Pedirles por esa opinión que se abstengan, amenazándoles con que serán recusados, sería de risa si no fuera porque es una impertinencia impropia de un representante de una asociación judicial. Y, desde luego, petición tan improcedente no debe ser atendida en modo alguno. Hay que ser más serio.

Por otra parte, en la Curia vizcaina somos no pocos los abogados que consideramos a D. Juan Pablo González, con razón o sin ella, inadecuado para el referido cargo. Por tanto, no podemos menos de estar totalmente de acuerdo con el informe emitido por nuestro Decano a petición del Consejo General. Informe, por cierto, confirmado por toda la Junta, como no podía ser menos si tiene en cuenta la opinión de numerosos colegiados. Pedir por ello la censura del Decano es una ocurrencia de muy mal gusto, carente de sentido y muestra de un espíritu autoritario jurídicamente inaceptable: sólo nos falta oír que Antonio García haya de decir cómo debe informar el Decano del Colegio de Abogados.

Además, consideramos que D. Pablo González es una persona sin la mínima prudencia que debe adornar a un magistrado. Y no lo digo a humo de pajas. En el año 2003, a raíz de los problemas del diario Egunkaria, se celebró un acto solemne en el Colegio de Abogados de Bizkaia, autorizado por la Junta con arreglo a derecho. En él se votó, libre y correctamente, sin coaccionar a nadie, una declaración sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad que, según opinión de los votantes, afectaba a la decisión de cierre del diario. Según El Correo, el Sr. González, vocal a la sazón del CGPJ, acusó "motu propio" al acto y a la votación de descarada manipulación del Colegio de Abogados por la presión terrorista. En la revista Réplica y Dúplica contesté al imprudente magistrado lo siguiente: "Decir, sin más explicaciones, que un documento escrito, aprobado por más de trescientos colegiados, y una petición de Junta Extraordinaria también escrita y formulada por más de doscientos miembros de la Corporación es una manipulación practicada en el Colegio y, por añadidura escandalosa, es, desde luego, una acusación gratuita… Además de gratuita, la acusación revelaría… ignorancia supina de la realidad colegial y del derecho. Y como si la primera ignorancia es posible, no creemos que un vocal del Órgano al que nos referimos incurra en la segunda, entendemos que es una acusación por lo menos sumamente frívola, cuando no de mala fe. Finalmente esta acusación es, además… un insulto manifiesto a los proponentes y, lo que es peor, a la Junta del Colegio". (mayo de 2003, p. 5). Sigo pensando lo mismo, confirmado por la reciente sentencia del asunto Egunkaria, y, por ello, entiendo que el Sr. González carece de la mínima prudencia para ocupar el cargo al que él y su asociación aspiran.

Antonio García tiene todo el derecho a discrepar y su Asociación a estar molesta, porque no salga adelante la propuesta de su incompetente candidato. También tiene derecho a manifestar deseo de todas las censuras que se le antojen, pero a lo que no tiene derecho es a exigir censura de nadie, y menos de un Decano que ha hecho la información que ha creído en conciencia, a lo que tiene tanto derecho, como lo tienen Antonio García y su Asociación a que no les guste el referido informe.

Los jueces no pueden constitucionalmente entrar en política de partido, pero las asociaciones judiciales, a mi juicio inconstitucionales porque atentan frontalmente a la independencia judicial, como reconocerá todo jurista imparcial, están siendo un instrumento para la intromisión permanente de algunos jueces en el terreno del partidismo político. Es el caso, por ejemplo, de Antonio García, que va haciendo multitud de manifestaciones de este tipo con el dorsal de su asociación. Yo no tengo inconveniente en aceptar que un juez tenga su idea política, pero si quiere ejercerla públicamente, deje la judicatura y preséntese a elecciones.

Al margen del carácter antidemocrático de no respetar la libre opinión de los demás, en este caso del Decano del Colegio de Abogados, me parece una desconsideración formidable simplemente hablar de ruptura de las relaciones de la APM con el Colegio. En primer lugar, parece que un juez debe tener la sindéresis suficiente para ver que tal reacción es absolutamente desproporcionada. Pero, además, ¿a quién va a perjudicar semejante "ruptura de relaciones"? ¿Al Colegio de Abogados? El Colegio es una Corporación de Derecho Público que carece de alma y de sentimientos. Tiene sus funciones legales, y sus rectores las seguirá cumpliendo con APM o sin ella. ¿A los colegiados? Sinceramente no se me alcanza en qué. Si esa actitud puede causar algún perjuicio, sería fundamentalmente a la ciudadanía en la medida de que las funciones que ejerce el Colegio en beneficio de la misma se pudieran ver entorpecidas por actuaciones de miembros de la citada Asociación, cosa que honradamente tampoco creo que pueda suceder.

La presidencia de una Audiencia Provincial es un cargo de responsabilidad y su titular debe garantizar el mérito y la capacidad correspondiente, y no el apoyo de esta o aquella Asociación judicial. Yo estoy con quienes consideran que el Sr. González no goza de esos atributos.

* Jurista y vocal de la Junta de Res Pública