A trama de espionaje ha rescatado la Semana de Pascua, siempre rácana en noticias, del pozo del tedio. Con permiso de la presunción de inocencia, parece claro que el gobierno de Mariano Rajoy pulsó el botón de Pegasus y que, seguramente por inercia, el software siguió activo durante el inicio del ciclo de Pedro Sánchez. Quién sabe si hasta el momento en que a fuerza de recibir apoyos de los espiados el líder socialista empezó a confiar en ellos. O a constatar que sus enemigos reales eran los del carné del PP o de Vox y no tenía argumentos para ponerlos a los pies del caballo de vigilancia israelí. Viene con cola el tema, más en el plano político que en el judicial, donde, a tenor del relato que transmite la prensa afín a los socialistas, el Centro Nacional de Inteligencia contaba con los permisos pertinentes. Bebiendo de esas fuentes algunos nos hemos enterado de que hay en el CNI una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. La denominación es tan retorcida en el ámbito lingüístico que desaconseja el acrónimo, pero también tiene su aquel en lo relativo a la semántica, porque es una puerta abierta al espionaje de todo lo que se interprete como una “amenaza a la integridad territorial de España”. Un coladero que permite vigilar cualquier movimiento que se salga, incluso promoviendo el diálogo, del tiesto, centrándolo todo en la rigidez de unos principios que son un dique para la finalidad de una Constitución: garantizar que todos los ciudadanos están cómodos en ella.
