ILTREMOS la última podredumbre del PP en el tamiz de los hechos: Tomás Díaz Ayuso era proveedor sanitario del gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde que su hermana, Isabel Díaz Ayuso, preside el gobierno de la Comunidad de Madrid (agosto de 2019) dicha actividad le estaba vetada por ley. Priviet Sportive SL, empresa de Daniel Alcázar, amigo de ambos, obtuvo su primer contrato en el sector sanitario en abril de 2020, cuando Isabel llevaba 8 meses al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid y éste le adjudicó la adquisición de 250.000 mascarillas FFP (Filtering Face Pieces) 2 y 3 por 1,5 millones. Priviet Sportive SL abonó a Tomás 55.850€ por esa operación (y 227.150€ más por otras tres), que no proporcionó mascarillas FFP 2 y 3 sino KN95, menos eficientes que las exigidas en el contrato. Hasta ahí los hechos cuya investigación-espionaje finiquita el liderazgo en el PP de Pablo Casado. Sin máscaras, esos hechos no son sino otra ola del mismo virus -adjudicación de contratos con beneficio personal y/o del partido- que ya había causado, en las variantes Gürtel, Púnica y otras menos extendidas, un síndrome agudo que cortó la respiración política a dirigentes del PP. Y ese virus tiene un caldo de cultivo: la idea patrimonial (de patrimonio, no de patria) que tiene del Estado y sus instituciones una derecha española que históricamente los ha gobernado y utilizado a su antojo y provecho. Haría bien Feijoó en recordar que Fraga se refugió en Galicia, donde hay meigas, pero no se ven.