NO van a ir estas líneas del conflicto en la educación concertada, así que el que lo haya pensado ya puede parar de leer. Van de cómo la acción de las instituciones de la democracia puede pervertir la labor didáctica que también les corresponde a la hora de formar al ciudadano en materias que no tienen por qué ser de su conocimiento pero ante las que merecen no ser manipulados hasta el punto de que de su opinión construida intencionadamente por terceros se deduzca una pérdida de calidad de la democracia. Algo así está pasando con todo lo referente al procés catalán, donde las actuaciones de ciertos partidos -consagrados por la Constitución como ejes de la acción democrática de la ciudadanía- y de ciertas instituciones distan de cumplir esa función por mera convicción ideológica, que no democrática. No volveremos sobre la sorprendente y reveladora decisión de la Junta Electoral Central de negar a Carles Puigdemont la condición de elegible. El Tribunal Supremo ya se ocupó de destapar las vergüenzas de los catedráticos que aportaron la mayoría para ese engendro. No contentos, PP y Ciudadanos eligieron mentir al ciudadano con sendos recursos de amparo al Constitucional, que también les dio un buen repaso al rechazarlos. Pero, en el camino, unos y otros han horadado la percepción ciudadana de la democracia y lo que esta debe o no garantizar. Al menos, de quien les compra el fraude, que queda educado en la perversión de los derechos por la ideología.
