Tres cuartas partes de la información política tienen su origen en los tribunales. Y creo que hasta me quedo corto. Tomen nota de algunas de las noticias de las últimas 24 horas. El PSOE se querella contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por haber filtrado datos confidenciales sobre dos periodistas. El mentado Rodríguez declara hoy ante el Supremo como testigo precisamente en el caso de las filtraciones. Esto, mientras el instructor de la causa ha pedido a Movistar el registro del tráfico del teléfono del fiscal general del Estado. Además, el propio Supremo ha rechazado el recurso de José Luis Ábalos, con lo cual el diputado ahora del Grupo Mixto tendrá que someterse al preceptivo suplicatorio en el Congreso. Y ahí no acabamos. El hiperactivo Supremo también ha comunicado al PSOE que, de momento, no le permite querellarse por injurias y calumnias contra el corruptor confeso Víctor de Aldama. Añadan que en la Audiencia de Badajoz comienzan las primeras testificales del sumario sobre las presuntas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez por parte de la Junta de Extremadura. Y si quieren ponerle la guinda, cambiando de bandería política, resulta que nos hemos encontrado con el ex número dos de Aznar Francisco Álvarez Cascos declarando como imputado por apropiación indebida por haberse quedado supuestamente con una pasta de Foro Asturias, el partido que creó cuando se puso a malas con el PP.
No hay retinas, tímpanos, cerebros, ni estómagos capaces de procesar semejante riada informativa gestada, insisto, en el transcurso de menos de un día; y demos gracias a que el inquieto juez Peinado no ha dado señales de vida hasta la hora de redactar este interminable inventario de asuntos políticos judicializados que, al tiempo, son cuestiones judiciales politizadas. No sé a ustedes, pero a mí me da mucho miedo pensar que los tribunales resuelven lo que debería resolverse en los parlamentos. Y, claro, viceversa.
