EL Gobierno Vasco —por supuesto, con los consejeros socialistas de morros— ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional la ley española de Vivienda. Supongo que habrá motivos meramente técnicos para no haberlo hecho antes, pero intuyo al tiempo que ha sido un signo de buena voluntad haber dejado pasar las dos citas electorales para hincarle el diente a una cuestión que venía de suyo desde el mismo instante que la norma se promulgó en el BOE. No hacía falta ser sabio ni competente para comprender que el articulado contiene un porrón y pico de invasiones de competencias que residen en las comunidades. Y ya ni siquiera digo en la CAV, que tiene su propia ley —sacada adelante, ojo al dato, por los mismos que ahora defienden la que nos viene con el label español—, sino en todas las autonomías del Estado. No es casualidad que se hayan quejado y/o advertido de lo mismo las gobernadas por el PP que las que, antes del 28M, estaban en manos socialistas.
Al margen del flagrante pisoteo competencial, lo verdaderamente sustancioso de la dichosa ley es que es pura e inútil pirotecnia. Sus pretendidos efectos justos y benéficos son, como ya escribí, un brindis al sol. De esos, además, que acaban provocando la frustración de quienes honradamente han creído que los alquileres se iban a poner a dos pesetas y que cualquiera que levantara la mano iba a tener una casa en el minuto siguiente. Los propios promotores de la ley reconocen que, de momento, la aplicación práctica está siendo un infierno. Y los números dicen que lo que se ha conseguido es retirar vivienda del mercado. Un pan con unas tortas.
