ON ser un asunto sensible y difícil de manejar legalmente, el de los abusos policiales es un capítulo imprescindible para componer el relato completo de la experiencia de violencia que ha padecido Euskadi durante décadas, antes y después del proceso democratizador tras el final de la dictadura franquista en España. El informe anual presentado ante la comisión parlamentaria del legislativo vasco, competente en esta materia, aporta el rigor de la investigación realizada por el comité de expertos independientes encargados y el valor de su veracidad. Es significativo que las polémicas interesadas generadas en torno a este asunto se sustenten siempre en la pretensión de desactivar la norma que ampara la actuación mediante recursos judiciales y con la pretensión de ocultar a los ojos de la ciudadanía una realidad represiva, antidemocrática y en no pocas ocasiones criminal. Lo perverso de ese intento de ocultación de los excesos de las Fuerzas de Seguridad del Estado tanto durante la dictadura como en democracia, es que conforma un relato en el que se da la espalda a sus víctimas, tratando de simular que nunca existieron. Por otro lado, es mezquino suponer que dar luz sobre los abusos policiales rebaje un ápice la repugnancia y el debido rechazo social a otras violencias igualmente injustas y reprobadas como la de ETA. El compromiso con la convivencia reclama todo lo contrario, que la brutalidad de la organización terrorista no sirva para obviar la ejercida contra la ciudadanía por miembros de los cuerpos policiales. Solo leyendo completamente el libro de la violencia se puede asentar el descrédito ético del recurso a ella. No caben silencios cómplices con ninguna de las expresiones violentas padecidas. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son principios universales en el ámbito de las víctimas. No terminan en un determinado colectivo de las mismas, en su estratificación ni en su gradación por intereses políticos. Negar sistemáticamente la existencia de abusos policiales no es éticamente más admisible que argumentar la teorización del derecho a la rebelión como justificante del terrorismo. La intención de hacer aflorar la verdad no implica suplantar a la administración de Justicia ni amparar a la víctima supone criminalizar a un colectivo. La suma de todas las verdades es la única capaz de crear un marco equilibrado de convivencia.
