Editorial

Una huelga injustificable

13.09.2020 | 01:18

La convocatoria de paro para el martes en la enseñanza vasca no responde a la realidad ni a las necesidades y prioridades de la comunidad educativa y perjudica a los más débiles y vulnerables

EL nuevo curso escolar, el más ex-cepcional e incierto de nuestra historia reciente, marcado por la pandemia de covid-19, ha cumplido en Euskadi su primera semana, caracterizada por una cierta normalidad dentro de las circunstancias que condicionan las medidas de seguridad implantadas y no exenta de la lógica inquietud. La extraordinaria respuesta dada por los centros, el profesorado, los alumnos y alumnas, las familias y el resto de la comunidad educativa ha permitido, así, la imprescindible reanudación de la educación presencial en las aulas tras seis meses de paréntesis. Tal y como avanzó el nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratz, durante esta primera semana se ha registrado algún tipo de afección del covid-19 en una treintena de centros vascos, aunque solo cuatro de los más de 1.200, con decenas de miles de aulas, han cerrado de forma temporal, y en el 80% de contagios en el ámbito educativo ha sido un adulto el que ha infectado a un alumno. En este contexto, se hace difícilmente comprensible una convocatoria de huelga como la prevista para pasado mañana en los centros vascos, salvo si responde a intereses que nada tienen que ver con la realidad y menos aún con los argumentos y predicciones utilizados por los sindicatos. Porque el llamamiento al paro "por un retorno presencial seguro y consensuado" y justificado en la presunta falta de medidas, la improvisación y la ausencia de diálogo por parte del Gobierno vasco no se sostiene ni soporta un mínimo análisis objetivo de la situación real. La convocatoria sindical está realizada con criterios y objetivos bien distintos y responde más bien a una mera demostración de fortaleza sindical y de pulso al Gobierno –obviamente, también al nuevo– que si en otras circunstancias es ya cuestionable en la actual coyuntura da la espalda a las prioridades y necesidades de la comunidad educativa, sobre todo del colectivo más débil, los alumnos, y en especial de las familias más vulnerables. Se trata, así, de una huelga no solo estéril respecto a la mejora de la situación, sino claramente perjudicial, lo que la convierte en un injustificable sinsentido cuando lo que se precisa –y se ofrece por parte de Educación– es diálogo –ha habido ya una veintena de reuniones–, compromisos y trabajo en común. Desde esta perspectiva, la desconvocatoria de este paro debería ser una obligación moral por parte de los sindicatos.