N la salida del Estado español de Juan Carlos I, inmerso en una doble investigación de las fiscalías suiza y española, en su preparación y ejecución con la aquiescencia si no el impulso de la Casa del Rey y el conocimiento si no la participación del Gobierno del Estado, concurren actuaciones que, cuando menos, presentan una opacidad similar a las actividades financieras del rey emérito y que ambas instituciones, Corona y Ejecutivo, están obligadas a aclarar para no incurrir en la arbitrariedad de los poderes públicos cuya prohibición garantiza el art. 3 de la Constitución. En primer lugar, porque la misma atribución a Juan Carlos I de la decisión de abandonar el Estado español con destino desconocido estando como está afectado por una investigación de la Fiscalía pone en entredicho, una vez más, la igualdad ante la ley que explicita la Carta Magna en su art. 14. También por el sometimiento a esta y al resto del ordenamiento jurídico que el art. 9 establece para los ciudadanos y los poderes públicos ya que Juan Carlos I, en su calidad de emérito, no goza de la prerrogativa de inviolabilidad que traspasó a su hijo junto con la corona y que le podría permitir sortear el incumplimiento del art. 31 que obliga a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Y que no esté encausado aún o no se hayan dictado medidas cautelares contra Juan Carlos de Borbón ni se le haya impedido viajar pese a que la investigación en curso causa una evidente conmoción social -o precisamente por esto, lo que abundaría en la desigual aplicación de la ley- no puede ser la excusa por la que Casa Real y Gobierno contribuyan y promuevan el desconocimiento sobre su paradero; toda vez, además, que este no es ajeno a la posibilidad de que el anterior monarca sea llamado a declarar (la Justicia suiza no podría hacerlo si se hallara en República Dominicana). Así que pretender que Felipe VI -y la Casa del Rey- ignora el lugar en que se halla su padre y que dicho paradero no se ha comunicado al gobierno en las conversaciones entre ambas instituciones sobre la situación de Juan Carlos I, como Sánchez afirmó públicamente el martes, antepone mantener la insólita protección de la monarquía y los actos reales que ha dado pie a esta situación -y que ya debe ser ajena al emérito- a la protección de los derechos de los ciudadanos ante los abusos desde el poder.
