ÁS de 300.000 menores de 14 años residentes en la comunidad autónoma de Euskadi podrán salir hoy a la calle por primera vez, 43 días después de la declaración del estado de alarma provocada por la pandemia de covid-19 que les ha mantenido confinados en sus domicilios desde entonces. Se trata, dentro del anunciado proceso gradual de desescalada del confinamiento, de una medida de alivio -demandada desde hace días por el lehendakari y Gobierno vasco- largamente esperada por los propios niños -que llevan aún más tiempo sin acudir a clase- y sus familias y que fue ratificado ayer con la publicación en el BOE de la orden de Sanidad. La mayoría de los expertos coinciden en que la larga reclusión está haciendo mella en la salud física, psicológica y emocional de los menores, que no entienden la situación y sufren con especial intensidad los miedos y el estrés que provoca la pandemia a su alrededor y que continuamente perciben a través de los medios de comunicación e incluso pueden padecer en un futuro trastornos de salud y comportamiento derivados de ello. Este alivio indudable, sin embargo, debe ser gestionado por todos con altas dosis de prudencia y responsabilidad, máxime en las actuales circunstancias en las que si bien los datos de los efectos del coronavirus parecen indicar que se está en el camino del control de la pandemia -al menos, en este estadio-, la enfermedad sigue golpeando a la sociedad y al sistema sanitario en todo el mundo y se corre el riesgo de dar pasos atrás, lo que sería demoledor y agravaría la situación. Por ello, es fundamental que las familias, y también, por supuesto, los menores en la medida de su edad y capacidad, conozcan y cumplan las condiciones de esta primera medida hacia una futura normalidad. El ejemplar comportamiento que -salvo llamativas excepciones que están conllevando su correspondiente sanción- está mostrando el conjunto de la sociedad hace prever que también esta salida condicionada de los menores se desarrollará con sentido común y compromiso cívico. Por su parte, el Gobierno español, que también en este terreno ha trasladado confusión con sus dudas, rectificaciones y marchas atrás, debe tener mayor capacidad de análisis y previsión, de diálogo, acuerdo y cesión de gestión con las comunidades autónomas y de comunicación rigurosa y eficaz a la ciudadanía.