Editorial

Salud y democracia; sentido común

17.03.2020 | 00:25

El lehendakari, Iñigo Urkullu, con la aquiescencia de todos los partidos, asume la responsabilidad para aplazar las elecciones que han evitado la JEC y Pedro Sánchez al decretar el estado de alarma

EL acuerdo de todos los partidos vascos con representación parlamentaria (PNV, EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos, PP y Equo), constatado finalmente ayer, permite al lehendakari Iñigo Urkullu el anuncio de la aprobación de un decreto de aplazamiento de las elecciones a celebrar el próximo 5 de abril que responde tanto al sentido común como a las premisas imprescindibles de la protección tanto de la salud pública como del mismo ejercicio de la democracia. Que el mantenimiento de la cita electoral en las fechas previstas suponía un riesgo no asumible en el control de la transmisión del coronavirus se evidencia tanto en las previsiones de evolución de esta, que sitúan su pico más álgido en torno al principio de abril, como en su contraste con las medidas de aislamiento aprobadas y puestas ya en práctica, asimismo asumidas responsablemente por la ciudadanía en general. Que además la cita electoral en estas condiciones iba a resultar absolutamente mediatizada e incluía un serio riesgo de que no hubiera reflejado el verdadero sentir democrático de la sociedad vasca lo avala el simple ejemplo de lo sucedido con las elecciones municipales francesas de este pasado domingo, en las que la participación fue inferior al 45%, la más baja de la historia y casi veinte puntos por debajo de la afluencia a las urnas en 2014, lo que llevará a la suspensión de la segunda vuelta. Con ese doble fundamento, el sentido común apelaba al acuerdo de todos los partidos y a la asunción por Urkullu de esa responsabilidad que sin embargo han eludido, cada cual en su ámbito, tanto la Junta Electoral Central como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La primera, al ignorar aspectos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que sin embargo ha aprovechado para imponer su criterio en otras ocasiones y al escudarse en la falta de procedimiento legal para aplazar las elecciones una vez convocadas. El segundo, en la paradoja –otra más achacable a su proceder– de asumir unilateralmente el control y dirección únicos de la administración en la lucha contra el covid-19, incluso en casos en los que las políticas a desarrollar (seguridad y salud) son competencia de un Gobierno vasco que ya ejercía dicha responsabilidad, por cierto, con anterioridad a que lo hiciera el gobierno del Estado, y sin embargo no incluir el aplazamiento electoral en el estado de alarma.