Editorial

Tras la explicación

El celo en la protección de la sociedad es obligación de quien gestiona las instituciones y de quien desde la oposición ejerce su control, pero este degenera si solo busca réditos políticos ajenos al interés general

19.02.2020 | 06:17

MÁS allá de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, compareciera ayer en la Comisión Permanente del Parlamento Vasco a resultas de una interpelación de EH Bildu, e incluso de que se mostrara dispuesto a, en su caso, pedir disculpas por "los errores que se hayan podido cometer" tras el derrumbe del vertedero de Verter Recycling de Zaldibar, lo relevante de la comparecencia radicó en dos aspectos expuestos por el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y la consejera de Salud, Nekane Murga, respectivamente respecto al control previo de la instalación y su actividad y los posibles efectos del derrumbe en la salud pública y la alarma creada en la población. Que la gestión del vertedero por Verter Recycling es algo más que cuestionable se evidencia en la sanción que, según Arriola, recibió en 2012 por admitir tierras con PCB para las que no tenía certificación. Asimismo, por los más de veinte incumplimientos detectados en las inspecciones de junio y julio, aunque no cuestionaran la estabilidad del vertedero. Y si acaso quizá podría radicar ahí, en la capacidad de control de esa estabilidad por las siete inspecciones de la instalación desde 2012, y especialmente desde el conocimiento de su explotación intensiva, el único déficit achacable, si lo es, a las administraciones encargadas del mismo -por cierto, de diferente adscripción ideológica- durante todo ese tiempo. Sin embargo, es la exposición de la consejera Murga la más destacable en cuanto a que interesa a la salud pública y a que descarta riesgos de afecciones directas a pesar de que el afán de proteger a la población llevara a extremar las advertencias en Zaldibar, Eibar y Ermua tras medir en el aire en el foco de los incendios del vertedero, ahora ya sofocados, niveles altos de dioxinas y furanos. Y es que el celo, incluso el exceso de celo, en la protección de la sociedad no es defecto sino obligación para quien gestiona las instituciones. Pero, dicho esto, y admitiendo idéntico celo en quienes deben controlar dicha gestión, tras las explicaciones en el Parlamento y con el fin de no agravar la alarma que han contribuido a generar actitudes poco acordes con la prudencia también exigible a los representantes públicos y que contrastan con el ímprobo trabajo de técnicos y servicios de emergencia por superar la crisis, es preciso que quienes las protagonizan eviten continuar empleando la tragedia para abonar réditos políticos ajenos al interés general.