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Editorial

Investir, despojar

La fecha de la investidura remarca la incertidumbre respecto a si Sánchez antepondrá sus intereses a los de la estabilidad que reclama, el progresismo que proclama y los compromisos adquiridos con anterioridad

09.02.2020 | 08:00

LA convocatoria por la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, de la sesión de investidura, en la que Pedro Sánchez se presentará candidato a presidir el Gobierno español, los próximos 22 y 23, es decir, dentro de tres semanas cuando ya han pasado más de dos meses desde las elecciones generales del 28 de abril, no altera la incertidumbre, que siempre implica inestabilidad, respecto a la gobernación del Estado. Tampoco la realidad de que un gobierno en funciones se encuentre limitado a la hora de plasmar políticas y compromisos de la legislatura previa. Muy al contrario, la fecha elegida para la investidura remarcaría en todo caso esa incertidumbre puesto que se ha elegido evitando que los plazos explicitados en el artículo 99 de la Constitución llevasen a hacer coincidir una teórica pero presumible repetición electoral con el puente festivo del primer fin de semana de noviembre. Y la argumentación empleada por Batet no ayuda a evitarla. Que la presidenta del Congreso lo explique en dar tiempo a Sánchez para realizar una ronda de consultas con el resto de partidos se podría incluso calificar de broma cuando el candidato no ha logrado, seguramente porque no lo ha intentado, profundizar en la negociación en todo este tiempo. En ese sentido, la reiteración en la negativa a la abstención por parte del PP y de Ciudadanos, explicitadas tanto por Pablo Casado como por Albert Rivera, quien hasta ha llegado a rechazar volver a reunirse con Sánchez, deja al secretario general del PSOE una única opción que pasa por el acuerdo -de investidura, de legislatura o de gobierno- con Podemos, toda vez que sin su apoyo no podría sacar adelante su candidatura ni en primera votación el día 23 ni en la segunda 48 horas más tarde, lo que abriría los dos meses de límite para repetir el intento o convocar nuevas elecciones el 10 de noviembre. Que en ese dilema se prevea, como se ha aireado, un retroceso de Podemos, Ciudadanos o Vox y un incremento de apoyos al PSOE en unas nuevas elecciones no parece avalar la explicación de Batet ni los presuntos deseos de acordar de Sánchez. Sin embargo, de cara a esa convocatoria electoral este podría verse despojado de parte de su hoy razonable legitimidad si se considera que ha antepuesto sus intereses a la estabilidad que reclama para su gobierno, al cambio a políticas progresistas que proclama y a los compromisos adquiridos tras la censura a Rajoy aún incumplidos.