LA dilación de las negociaciones, que llega incluso a la indolencia respecto a contactos con formaciones necesarias para la investidura, y la inconcreción, tres meses después de las generales del 28 de abril, del acuerdo con Podemos que podría fundamentar la candidatura de Pedro Sánchez pueden situar al PSOE ante un doble panorama. La casi seguridad de que la sesión de investidura no se celebrará hasta mediados de julio y la posibilidad, más que cierta, de que Sánchez no obtenga la mayoría suficiente ni en primera ni en segunda votación, tal y como adelantó ayer Pablo Iglesias pese a avanzar que el acuerdo podría estar más cercano de lo que parece, abriría un plazo de dos meses, es decir, hasta bien entrado septiembre, para que Sánchez reuniese los apoyos necesarios o, en su defecto, convocara nuevas elecciones. Esta segunda opción, nueva convocatoria electoral, es una de las dos tentaciones de Sánchez. El PSOE cree que en ese caso tiene más que ganar que perder con la deriva decreciente de Podemos y Ciudadanos y pese a que los análisis auguran una recuperación del PP y un regreso matizado al bipartidismo. Los socialistas, sin embargo, deberían incluir en la ecuación que otra cita con las urnas puede no alterar sustancialmente la aritmética parlamentaria y conlleva el desgaste del cansancio del elector; también el hecho de que el fracaso de no formar gobierno y el prolongado periodo en funciones y sus consecuencias en la administración serían atribuibles a Sánchez; y no obviar, por tanto, la posibilidad, nada remota, de una repetición de lo sucedido con Theresa May, quien pretendió afianzar su mayoría con un adelanto electoral y acabó perdiéndola. La demora a septiembre también plantea, con la ebullición interna y las presiones a Ciudadanos, otra tentación que Sánchez no ha descartado: un primer rechazo a la investidura podría ser la excusa para desoír a quienes la noche electoral gritaban “¡con Rivera no!” y para que el aludido esgrimiera la responsabilidad como razón de un cambio de criterio hacia aquel acuerdo que ambas formaciones ya cerraron en febrero de 2016, entonces inútil y esta vez con mayoría de 180 diputados. Solo que la inestabilidad del gobierno, en ese caso, estaría en su misma configuración, con dos fuerzas enfrentadas en lo ideológico, en las políticas socioeconómicas, desde pensiones a reforma laboral, y en el modo de afrontar las tensiones territoriales y el modelo de Estado.