Editorial

La campaña de los ‘viernes sociales’

El Gobierno de Sánchez se arriesga a que la Junta Electoral prohíba las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros y a que los nacionalistas no le aprueben los decretos por falta de diálogo

08.02.2020 | 20:33

El Gobierno de Sánchez se arriesga a que la Junta Electoral prohíba las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros y a que los nacionalistas no le aprueben los decretos por falta de diálogo

LA neutralidad institucional, que abarca a todas las administraciones durante los procesos electorales, es uno de los instrumentos legalmente establecidos con el fin de garantizar el sufragio igualitario y un marco en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política, tal y como establece de manera explícita la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Este concepto básico es el que hace que, por ejemplo, todas las autoridades públicas tengan prohibida durante el periodo electoral la realización de inauguraciones o campañas institucionales de supuestos logros o realizaciones que puedan inducir, directa o indirectamente, al voto. Desde el mismo momento de la convocatoria oficial para las elecciones generales del 28 de abril, la Junta Electoral Central (JEC) se cuidó de, con base en esta neutralidad institucional, prohibir a todas las administraciones la realización de las campañas de autobombo. Mañana, lunes, la misma JEC tiene previsto decidir sobre el recurso presentado por el PP contra las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros del Gobierno español en los que se aprueban los denominados viernes sociales. No es un tema baladí. Desde que Sánchez anunciara el adelanto electoral, su Ejecutivo se ha lanzado a la aprobación de determinados decretos con los que intenta paliar la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. "Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas", anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un evidente tufo electoralista. Pero la posibilidad de que la Junta Electoral prohiba estas comparecencias -lo que ha obligado al Gobierno a rebajar el tono- no es el único problema de Pedro Sánchez. Estos decretos deben ser aprobados por la Diputación Permanente, y ahí necesita los votos -todos ellos, sin excepción- tanto de los soberanistas catalanes como de PNV y de EH Bildu. Y de momento, no ha hecho un solo gesto. Ayer mismo se lo afeó el líder del PNV, Andoni Ortuzar, quien destacó que ni siquiera les informan previamente del contenido y advirtió de que quien quiera sus votos "se los va a tener que ganar a pulso". El Gobierno ni puede ni debe utilizar el BOE para la precampaña electoral ni puede ni debe olvidar su situación de minoría. La humildad también es una virtud en política.