LA resolución del Parlamento Europeo, impulsada por sus cuatro grupos mayoritarios, que reconoce por amplia mayoría -439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones- al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente legítimo” del país hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales libres no ha llevado a una postura similar por parte de la Unión Europea. El posicionamiento diplomático de la UE en las crisis internacionales no lo marca el Parlamento, tampoco la Comisión que preside Jean Claude Juncker, sino el Consejo Europeo, y este necesita de la unanimidad de los 27 Estados miembro, lo que el reconocimiento de Guaidó no logró ayer en la reunión informal de ministros de Exteriores de Bucarest, que ignoró una postura nítida, rotunda y mayoritaria de la cámara de representantes europeos. La UE, donde Francia, España, Alemania y Gran Bretaña, aún parte del club, sí cumplirán el ultimatum de ocho días dado a Maduro, aboga de momento por explorar la pretendida disposición del presidente venezolano a la mediación internacional o al diálogo que tratan de impulsar los presidentes de México y Uruguay, Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez. Y lo hace a pesar de las duras declaraciones de Diosdado Cabello, número dos de Maduro, en relación a una UE que hasta ahora se había limitado a señalar la necesidad de reconducir la crisis con unas elecciones libres y supervisadas y de la detención y expulsión de periodistas -una decena en las últimas horas, entre ellos un equipo de la agencia española Efe- que confirman las actitudes autocráticas y autoritarias del gobierno venezolano, cada vez más alejado del respeto a los derechos democráticos esenciales, entre los que se halla el de la información. Ahora bien, Bruselas no desconoce que el margen de esa mediación es tan estrecho como permiten los intereses geoestratégicos y económico-energéticos que hacen alinearse a los EE.UU. de Trump y la Rusia de Putin como antagonistas también en Venezuela. Y tampoco que diseñar un cauce de solución que no dependa de la decisión última de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, evitando un agravamiento de la crisis de impredecibles consecuencias en Latinoamérica, llevará un tiempo -Federica Mogherini dejó caer el plazo de 90 días- que las ya enormes urgencias humanitarias de la sociedad venezolana no tienen.
