ÁS claro no lo puede decir el informe de la CIA de 1984 que ahora sabemos que ha sido desclasificado: "[Felipe] González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas".

Y es radicalmente verdad que no necesitábamos leerlo en un documento secreto de la agencia de inteligencia más poderosa -y con menos escrúpulos- del planeta, pero 34 años después de los hechos, la frase es una patada en la boca del estómago de la democracia española. Certifica, más allá del relato de aquel patético juicio de fogueo, que el presidente de un gobierno salido de unas urnas recurrió a los secuestros y los asesinatos para acabar con ETA. En realidad, para tratar de acabar con la banda, debemos matizar, porque la chapuza sanguinaria solo sirvió para dejar un reguero de dolor. Las acciones se prolongaron durante tres decenios más.

Con todo, lo más revelador del dosier no es que nos cuente algo, insisto, que ya sabíamos. Lo verdaderamente significativo es el manto de silencio indiferente y cómplice que ha seguido a su publicación en el diario La Razón. Muchos de los que gastan palabras grandilocuentes sobre el imperativo de reconocer el daño causado en aras de la reparación callan y otorgan. El GAL siempre quedó fuera de esas exigencias.