lA sentencia, el viernes o el lunes, nos decían. Salvo que estén equivocados todos los calendarios o nos encontremos ya viviendo en universos paralelos, queda claro que va a ser mañana. Por lo menos, la impresa en los folios oficiales, porque también es verdad que anteayer tuvieron la gentileza de hacernos un adelanto en papel prensa. Uno, que pertenece al gremio plumífero, lo celebraría como gran logro del periodismo de investigación, si no supiera que la presunta primicia había sido convenientemente deslizada por sus autores al medio que la publicó para que el personal fuera preparando el alma y el cuerpo. Y aquí quizá merezca la pena detenerse un segundo a reflexionar por qué nos parece normal algo tan extremadamente grave como la filtración del fallo del que, junto con el del 23-F, es el proceso judicial de más calado que se haya llevado a cabo en España durante el último medio siglo.

Esa brutal anomalía aparte, podemos convenir que lo avanzado por El País cuadra bastante con los últimos usos y costumbres de la Justicia española. No es muy diferente de lo que acabamos de ver con el caso Altsasu. Primero se generan las expectativas de condenas durísimas para reducirlas levemente en el dictamen final, de modo que parecería que hay que alabar la generosidad de sus señorías y hacerle la ola al Estado de Derecho. Creo que es lo que nos disponemos a ver también en este caso. Habrá apariencia de rebaja, probablemente notable en el caso de algunos de los juzgados. Otra cosa es que cuele. Por pequeñas que sean las condenas, seguirán siendo injustas. Ninguno de los procesados debió pasar un solo día en la cárcel.