O ha gustado a oposición y sindicatos vascos la nueva Ley de Cuerpos y Escalas. Los consensos son difíciles pero las divergencias deben razonarse. Despejemos retóricas. La norma mejora objetivamente la accesibilidad del personal interino a la administración mediante la puesta en valor de su experiencia, que será hasta un 20% de la puntuación con la que irán a los procesos de Oferta Pública de Empleo. El mecanismo no es perfecto y limita con el techo aplicado por el Tribunal Constitucional (TC), que no permite hoy abrir la puerta sin más al interino con OPE específicas porque la ley básica no lo contempla, pero busca reducir la inseguridad de este colectivo y su temporalidad.
El reproche recibido por la norma desde oposición política y sindical fue que es poco ambiciosa porque se maneja dentro de los límites de la normativa estatal. Esto es: en los límites de la realidad. En la ficción política, uno legisla sin ataduras y gasta incluso lo que no tiene. Pero los interinos de las administraciones de este país no se merecen que se les considere munición arrojadiza contra el muro del TC y quienes les agitan deberían decirles que su puesto de trabajo carecería de seguridad jurídica y puede verse en la calle con la próxima sentencia. Deberíamos decirles que quienes se ponen al frente de sus reivindicaciones como oposición en Euskadi debieron legislarlas hace tiempo en Madrid, donde son gobierno. Deberíamos decirles, en definitiva, que se les pide que pongan su insatisfacción en manos de estructuras políticas y sindicales cuyas estrategias no les van a asegurar una estabilidad laboral mayor pero sí el fortalecimiento de esas estructuras. Pero, además y frente a esa estrategia de barricada, en este caso había otra más útil: la inclusión en la norma estatal de las medidas que no podía incorporar la ley vasca. Así se ha conseguido por la negociación del PNV con PSOE y Unidas Podemos. Eso es hacer política y no ruido.
