ESTA semana hay convocada una de esas huelgas que requieren mucha explicación o mucha devoción para no cuestionar sus motivos. No se trata de que sea justo que las pensiones sean dignas o que el salario mínimo suba más de lo recién actualizado. Evitemos la simplicidad. Se trata de que se nos pide que hagamos huelga contra las empresas y el gobierno en una maniobra que, si sale como la pretenden los sindicatos convocantes, reforzará su estrategia de conflictividad y contrapoder. Y, si sale mal no habrá quién les pida explicaciones por dividir y utilizar como ariete a los pensionistas porque las figuras que capitalizan la voz de ese colectivo no lo harán. Saben cómo funciona esto porque algunos llevan toda la vida en ello. Bien en la acción política de la izquierda abertzale, bien en la amalgama de siglas de la izquierda extraparlamentaria. Se puede ser jubilado y político de convicción y hasta de profesión. La huelga de esta semana pretende que los trabajadores del país, los autónomos y las empresas dejen de generar riqueza y salarios propios un día para acusar al Gobierno vasco del modelo de pensiones y la legislación laboral pese a que no tenga competencias en ninguno de los dos campos. Se pretende que las primeras se complementen con asistencia social y la segunda con un marco propio de relaciones laborales que no se puede regular unilateralmente aunque sí se podría constituir de facto mediante la negociación colectiva. Esa que durante años ha sido negada por el sindicato mayoritario para aplicar su anunciada estrategia de lucha empresa a empresa. Manosear las justas demandas de calidad de vida en beneficio del aparato propio también es una forma de fraude social.
