SE desliza en torno al conflicto de la educación concertada un relato ideológico, ajeno a la propia pugna de sindicatos y patronales, que pretende considerar que el problema se resolvería eliminando los centro concertados de iniciativa social y transfiriendo a la red pública a sus casi 100.000 alumnos. Como el anticlericalismo no es por sí mismo un argumento de peso, por muy cercano o alejado que cada cual quiera situarse de la Iglesia, se acompaña de un falso silogismo que conviene desterrar cuanto antes. Según ese discurso, la enseñanza pública contaría con más recursos si no se destinase dinero a la concertada y que cada cual se pague su centro privado. Importan los estados de ánimo -no creo que la intervención del obispo de Gasteiz en pleno inicio de la negociación sea un acierto- pero importan más los datos reales. La educación concertada cuesta a las arcas públicas casi 4.000 euros por alumno. Esto supone que con unos 100.000 alumnos, suman 400 millones de euros. Destinémoslos a las pública junto a esos alumnos. Sin contar con el coste de construir, alquilar o adquirir las infraestructuras precisas (aulas) para ese aluvión de nuevos alumnos, la realidad es que el coste por estudiante en la red pública ronda los 9.000 euros. Así que dispondríamos de 400 millones más pero un coste de 900 millones adicionales para incorporar a los alumnos de la concertada. Es decir que, en realidad, se reduciría la disponibilidad de gasto por alumno de la pública en 2.500 euros. A lo mejor no es tan mal negocio este sistema mixto que se aplica en toda Europa. Y, garantizado el acceso universal a la educación, desideologicemos su sostenibilidad.
