TODOS distraídos con el espectáculo de titiriteros de esta semana en el Congreso y casi se nos pasa uno de esos casos que suelen llenar de improperios las redes sociales con graves acusaciones a los inmigrantes a los que se les reprocha que solo eligen determinados lugares para establecerse por el efecto llamada que producen los dineros públicos a los que pueden acceder. Ha ocurrido en Segovia y la historia tiene todos los ingredientes clásicos de la escandalera xenófoba. Situémonos: a un pueblecito castellano llega a empadronarse un individuo que, como aquellos casos que conocimos tiempo atrás de paquistaníes que recibían asistencia, ni siquiera vive allí. El migrante, que en opinión de algunos casi podría considerarse hasta un refugiado que huye de su tierra de origen tras fracasar allí su proyecto político, encuentra acogida en una red de intereses que le facilita una dirección en la que empadronarse y esa misma organización le hace los papeles para poder optar a la concesión de un dinero público que constituye un buen sueldito. Hay quien considera que se está cometiendo un fraude de ley y se dispone a impedir que se le asigne un puesto de trabajo que justifica esos ingresos. Pero los grupos de interés -o redes clientelares, llámenlos como quieran- que manejan estas cosas, hacen piña y se las arreglan para sacar adelante el asunto. No ha hecho falta montar el piso patera porque solo es uno y ni siquiera se queda allí. En resumen: que Javier Maroto ya es senador autonómico por Castilla y León pese al veto del PSOE y gracias al apoyo de Ciudadanos a la maniobra del PP. Y se asegura su RGI a costa del erario público. Oye, más triste es de robar.
