MIS recientes cabezazos en el muro del jurismo inmaculado me tienen sumido en una inmensa melancolía. Les confieso que ya no sé qué subesepecie de la fauna togada y aledaña me provoca un acongoje más intenso. Hasta este último episodio, creía estar convencido de que el mal de la Justicia española reside en los que despachan autos, dictámenes y sentencias de acuerdo con su obediencia política o su ideología; nótese que, aunque suelen coincidir, no siempre son lo mismo. Me resultaba -y sigue resultándome- inconcebible que tengamos como algo absolutamente normal que las decisiones sean predecibles en función de la etiqueta, conservador o progresista, del juez o jueces en cuestión. Y conste que me parece igual de reprobable el modus operandi cuando el retorcimiento de las leyes conduce a un fallo que simpatiza con mis causas o ideas.
Pero, como les digo, frente a esos y esas profesionales de las leyes a veces demasiado humanos, de unos días a esta parte se me han aparecido los otros, los que juzgan desde una frialdad aséptica, levitando a un metro del suelo. Se comprende que, como cuentan algunos médicos que hacen, intenten no dejarse llevar por las emociones, precisamente para hacer mejor su trabajo. Pero sorprende y alarma que en esa toma de distancia acaben olvidando que sus decisiones afectan a seres humanos. Ojo, no solo a los implicados en una causa; también a la sociedad que va a conocer esas resoluciones. Por supuesto que no se trata de votar asambleariamente las condenas o las absoluciones. Es algo, diría, prejurídico. Tan simple como buscar impartir lo que mayoritariamente entendemos como justicia.
