Conocido el acuerdo al que llegaron la pasada semana la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, los pensionistas reaccionaron mostrando su desconfianza ante el anuncio de que el IPC vuelva a ser el factor vinculante para actualizar sus ingresos. Puede parecer una contradicción porque era una de las reivindicaciones exigidas en los últimos meses, pero no lo es. En realidad es una reacción sensata porque se trata solo de un preacuerdo que, llegado a su trámite final que debe llegar junto a otros veinte puntos de acuerdo y que se convertirán en otras tantas recomendaciones, dado que la comisión del Pacto de Toledo no tiene capacidad legislativa.
Dicho con otras palabras, el anuncio del pasado miércoles solo es el primer paso para volver a la casilla de salida siete años después de que el Gobierno de Zapatero congelara las pensiones, aunque, eso sí, con 60.000 millones de euros menos en la famosa hucha y con un déficit, estructural y coyuntural, creciente que pone el sistema público de pensiones en la cuerda floja. Resta que esta recomendación y las veinte restantes sean confirmadas por el Gobierno de turno o en sede parlamentaria. Llegados a este punto la desconfianza de los pensionistas no solo es sensata sino lógica y necesaria porque la experiencia nos dice que los políticos miran con más atención la agenda electoral que el bienestar de la sociedad.
En efecto, la comisión del Pacto de Toledo tiene que recorrer un largo camino si quiere cerrar los restantes temas. Un camino salpicado de citas electorales o, si lo prefieren, un tiempo que será más o menos largo en función al calendario electoral. Un tiempo acomodado a objetivos partidistas y no a la voluntad política de cada partido. Por esta razón seguiremos escuchando declaraciones grandilocuentes que poco o nada tienen que ver con una información veraz y transparente del sistema público de pensiones que, en esencia, es contributivo y está en quiebra. Cada pensionista percibe un dinero en función de sus aportaciones a la Seguridad Social durante su vida laboral. Por esta razón el sistema público de pensiones está ligado al mercado laboral y este a la evolución económica que se traduce en crecimiento del PIB, creación de empleo, masa salarial, impuestos generación de riqueza y consumo.
un futuro incierto Como se puede comprobar, la problemática en relación a las pensiones es algo más que volver a esa casilla de salida como si tratara del juego de la oca. El futuro de las personas mayores no es un pasatiempo ni un cambio de cromos, aunque algunos políticos lo utilicen cambiando cromos para pasar el tiempo hasta las próximas elecciones, tal y como pondrán de manifiesto hoy los pensionistas que conmemoran el Día Internacional del Adulto Mayor, instituido en 1990 por Naciones Unidas con el objetivo de fomentar el respeto a las personas mayores de 60 años para que no exista discriminación por la edad.
Entre las reivindicaciones que hoy escucharemos posiblemente haya algunas utópicas e irrealizables, al menos en el corto plazo, pero en su conjunto dejarán constancia de la desconfianza que les merece la clase política que sigue enrocada, políticamente correcta, en ese lenguaje confuso por el que hablan mucho, pero dicen poco, al tiempo que carece de una información transparente y pedagógica.
Con todo y en honor a la verdad, el paso dado esta semana debe considerarse tan importante como insuficiente. Conviene preguntarse hasta qué punto responde a la voluntad de los políticos y en qué medida lo imposible hace unos meses se vuelve real ahora como si fuera la lógica ordinaria y consolidada de la acción política, cuando en realidad es el resultado de ese fenómeno extraordinario e imprevisto que ha sido la movilización de los pensionistas.
El futuro del sistema público de pensiones es tan incierto como certero es el diagnóstico que habla de un sistema en quiebra. Los políticos tienen en este escenario un arduo trabajo que realizar comenzando con una información veraz y transparente que reduzca la lógica y sensata desconfianza de los pensionistas.
