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El gato y el ratón

Aunque curiosamente no aparezca como un asunto que preocupe especialmente a la sociedad española, eso que los medios centralistas -o sea, casi todos- denominan “desafío soberanista” catalán sigue acaparando páginas y espacios informativos, por lo que no puede decirse que sea una serpiente de verano como podría ocurrir con el debate sobre el turismo en Euskadi.

A medida que se aproxima la fecha clave del 1 de octubre se mantiene el pulso entre el Gobierno español y la Generalitat de forma casi correlativa: a medida que el Govern va cubriendo etapas y avanzando pasos, el Gobierno va echando mano de sus tribunales y, para que se vea quién es el que manda, hasta de la Guardia Civil. Es una especie de la fábula del gato y el ratón, solo que a veces las apariencias engañan y la clave está en conocer quién es el gato y quién el ratón.

Puesto que es mayoritaria la avalancha de informaciones y opiniones interesadas sobre la perversidad de procès catalán, creo contribuir a un conocimiento más amplio y más justo del asunto dando a conocer cómo se ve el asunto desde el criterio del profesor de Teoría Política de la Universidad Pompeu i Fabra Josep Costa, uno de los más destacados ideólogos del soberanismo catalán, que ha influido de manera importante en la estrategia del frente por el referéndum. Según el profesor Costa, si a las 8 de la mañana del día 1 de octubre abren todos los colegios electorales, el Estado español habrá perdido.

Por más que Rajoy haya asegurado que “no piensa hacer nada” antes del 1 de Octubre, la estrategia del Gobierno para impedir el referéndum no está consistiendo en grandes represalias como imponer el artículo 155 de la Constitución, ni apelar a la Ley de Seguridad Nacional, ni a la suspensión del Govern por el Tribunal Constitucional, por más que sean estos los deseos de buena parte de los opinadores oficiales. Lo que está haciendo el Gobierno es convertir en un campo de minas la logística del referéndum, echando mano de una estrategia estrictamente preventiva para cortocircuitar todos los preparativos dirigidos a la apertura de las urnas, impedir que éstas, las urnas, existan físicamente y atemorizar a los encargados de colocarlas. Para ello ha situado a los tribunales a un palmo de todo lo que se mueva en la logística del referéndum, ya sean urnas, colegios, funcionarios, secretarios, repartiendo o amagando querellas e inhabilitaciones a directores generales, a segundos y terceros niveles de la administración catalana encargados de los preparativos del referéndum. Estas actuaciones represivas continuarán y, según opina el profesor Costa, “la presión será infernal durante los meses previos”.

El Gobierno español basa toda esta estrategia en definir el procès como un delito de desobediencia, ya que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los resultados del referéndum del 27 de septiembre de 2015. Según ese criterio, el Gobierno español se cree facultado para aplicar cualquier ingeniería jurídica para impedirlo. La impresión generalizada y la opinión publicada indican que va acertando, que va ganando el pulso, y que la Generalitat está fracasando en el intento. Así lo indican las disposiciones judiciales adversas y el repliegue de algunos cargos que prefieren evitar las represalias. En este juego el Gobierno español interpretaría el papel del gato, siempre superior al ratón representado por la Generalitat.

Sin embargo, según mantiene el profesor Costa, es el Gobierno catalán quien tiene la sartén por el mango en el sentido que controla el timing, el procedimiento, el calendario, obligando al español a ir a remolque, limitándole a poner en práctica actuaciones preventivas contra todos los pasos que da el catalán que es la Generalitat quien en última instancia tiene el poder, la iniciativa, la libertad de seguir adelante o no. Y mientras pueda aguantar esta presión infernal que le está cayendo encima, el procès seguirá adelante.

La estrategia del Estado solo funcionaría si el Gobierno catalán no lograra sacar el procès adelante porque se multiplicaran las deserciones, o porque las peleas internas no pudieran resistir la actual presión. Pero en manos del Govern está resistir para seguir avanzando, porque tiene el control de la situación incluso para ejercer la facultad de rendirse. El Gobierno español puede incluso incrementar la presión, pero no conoce qué nivel de resistencia tiene el Govern que se sabe respaldado por la implicación de miles de personas y de instituciones del mundo cultural, social y ciudadano. Y mientras el conjunto del movimiento soberanista siga implicado, aunque el Govern se vea sometido a situaciones imprevistas y represalias legales más duras, ello no supondría necesariamente la exclusión del referéndum.

Argumentos, todos, a tener en cuenta para no creerse demasiado que la Generalitat estaría interpretando el papel del ratón.