Argumentar que la Justicia ha condenado a Mas, Rigau y Ortega por desobedecer y no por poner las urnas es tan técnicamente correcto como falaz si se trata de analizar el origen del problema político que acabó en los tribunales. Porque fueron al banquillo por impulsar una consulta que el TC prohibió; es decir, por poner urnas contra la decisión que tomó un grupo de personas que, como ellos mismos nos han recordado esta semana, no pertenecen al Poder Judicial. Vamos, que es un órgano en esencia político que responde al partido del Gobierno que presionó a su vez a la Fiscalía para echar a andar este proceso.
Así pues, claro que era un juicio político. Y claro que se sentó en el banquillo y se ha condenado a quienes representaban la legítima voluntad de la ciudadanía catalana elegida en las urnas. Por eso, lo previsible es que esta sentencia no solo no acabe con el problema de raíz política en el que está inmerso Catalunya, sino que lo agrave.
Sin Artur Mas, puede que su partido, el PDeCat, sufra ante la falta de liderazgo en unas próximas elecciones; pero es muy ingenuo calcular que esa circunstancia restará apoyos al soberanismo en su conjunto. Si eso ocurriera, serán otros factores: desde el miedo a la incertidumbre hasta la ausencia de una gestión eficaz en servicios esenciales básicos pasando por los escándalos ligados a la corrupción. Pero no, esa sentencia refuerza el convencimiento de que España es un Estado tan unitario como hostil a reivindicaciones democráticas.
La casualidad quiso que al mismo tiempo que conocíamos la sentencia, se activara en Escocia el proceso para volver a consultar a la ciudadanía sobre su independencia. Y resulta curioso comprobar los equilibrios del estatalismo español para alabar la sentencia contra los dirigentes catalanes y al mismo tiempo esconder la lección de profunda democracia que llega desde el Reino Unido. Theresa May no quiere otro referéndum, pero todos dan por hecho que el Parlamento británico no se negará a la petición escocesa. Tampoco al líder laborista le parece buena idea volver a preguntar por la independencia pero atención a sus palabras: “sería un error celebrar un referéndum tan pronto, pero si el Parlamento escocés vota por un referéndum, el partido no bloqueará en Westminster esa decisión democrática”.
Pero en España mientras tanto, Pablo Casado (PP) afirma que “la justicia pone a cada uno en su sitio” y Antonio Hernando (PSOE) dice que el fallo “es muy benévolo” así que recomienda al nacionalismo catalán que no se queje tanto. No solo Rajoy debe aprender inglés. Quizás sería interesante aprender de la democracia británica.