eL controvertido empresario Gonzalo Antón quería dar un pelotazo con el alquiler de uno de sus muchos locales en Vitoria y Alfonso Alonso y Javier Maroto se lo consintieron desde el Ayuntamiento que gobernaban. Esta es la traducción a pie de calle de la sonora condena del Tribunal de Cuentas contra estos dos auténticos mirlos blancos de los que ahora mismo dispone con absoluto convencimiento Mariano Rajoy para afrontar, de un lado, la supervivencia del PP en Euskadi y, de otro, esa mirada de regeneración democrática ante las sacudidas de la corrupción interna. Un fallo que será recurrido por los populares -tremendamente irritados por el calado de esta resolución en puertas del 26-J, aunque se lo temían- y que da vuelta al calcetín al criterio del rocoso fiscal de Álava, proclive en su día al archivo de la causa.

Aturdido por el efecto devastador que supone la probada incriminación, el PP se sacude como puede la sombra de otro caso de corrupción. Y posiblemente no lo sea, pero evidencia una complicidad nada edificante cuando se trata de manejar el dinero público. Antón, ese emprendedor capaz de dinamizar la gastronomía y el vino alavés pero culpable de haber vendido espureamente el Deportivo Alavés a un estraperlista como Dimitry Piterman mientras cultiva amistades políticas encontradas, apenas encontró resistencia en Alonso y Maroto para estructurar su pelotazo. En 2007, meses antes de que la crisis empezara a agujerear los bolsillos ciudadanos y las arcas institucionales, Antón se encargó de convencer sin demasiado esfuerzo al PP en el Ayuntamiento de Vitoria para que le garantizaran unos ingresos de 7,6 millones al cabo de 20 años por el alquiler de un céntrico edificio que le había costado 2,7 millones. A este rendimiento lo llaman plusvalía en Económicas, y usura, todos los demás. También a los servicios jurídicos municipales les pareció una tamañana desmesura aquel desequilibrio, pero ni Alonso ni Maroto, ni siquiera Fernando Aranguiz -hoy presidente de Vital-, les hicieron caso mientras Antón, claro, sonreía. Eso sí, nadie desde la oposición se rasgaba entonces las vestiduras cuando el Ayuntamiento abría el cajón cada mes para pagar un alquiler desorbitado a juicio del propio mercado. Bien lo pudo hacer el exalcalde Patxi Lazcoz, conocedor de las condiciones, pero el dedo acusador esperó a la tormenta perfecta para que cuajara la idea de que se estaba cometiendo un atropello contable.

En lugar de respetar la justicia, y aún en la puerta de un inevitable recurso, se equivoca el PP al hablar de instrumentalización política porque ve la mano del PSOE en la condena de María Antonia Lozano Álvarez, a quien propuso IU. Harían mucho mejor en reconocer que no es de recibo contribuir desde la gestión pública a un pelotazo privado que salta a los ojos. Antón jamás actuó por altruismo con el pueblo de Vitoria. Y hubo quien se lo consintió. Ahora, lo penan dos políticos de largo recorrido en Euskadi y en Madrid en el momento más inoportuno para sus respectivos intereses políticos y para las intenciones de Rajoy.