LOS menos jóvenes quizá recuerden los inicios de la emisión de ETB-2, el 1 de junio de 1986 -pronto se cumplirán 30 años-, de manera abiertamente alegal, con enfrentamiento político y con el Gobierno español exigiendo el fin inmediato de las emisiones bajo la amenaza de recurso al Tribunal Constitucional. La imagen de un vehículo de la Guardia Civil en las instalaciones de la televisión vasca a modo de amenaza y la respuesta del Gobierno vasco enviando a la Ertzaintza al mismo lugar ha quedado grabada en la memoria de muchos. Probablemente, y aunque nunca se denominó así, fue la primera puesta en práctica del concepto de pase foral tras la recuperación del autogobierno vasco. Lógicamente, el segundo canal de la televisión vasca se regularizó con posterioridad y aquí paz y después gloria.

El apagón de ETB en Nafarroa tiene, es evidente, connotaciones distintas. La situación de alegalidad en la que se ha estado captando la señal en la comunidad foral se ha mantenido prácticamente hasta el último momento con etapas distintas -incluso la patrulla de la Guardia Civil cumplió su cometido en marzo de 2013 y desconectó el repetidor- pero con un denominador común: el continuo boicoteo, el visceral rechazo disfrazado de legalismo y la amenaza continua por parte de UPN y PP. En cuanto había un atisbo de acuerdo -Otano y Ardanza en 1996, López y Barcina en 2009, ahora Urkullu y Barkos-, los regionalistas han salido con todas sus manipuladoras baterías para evitar que los navarros y navarras, con plena libertad, puedan ver la televisión que, simplemente, les viene en gana.

Si el nacionalismo, como dicen algunos, se cura viajando, del regionalismo rancio y reaccionario se sale con un simple mando a distancia con el que la ciudadanía ha venido ejerciendo su particular pase foral a la pura imposición.

Pero es que, además, en este caso hay un añadido que lo hace especialmente sangrante. Lo ponen de manifiesto las cartas que Euskaltzaindia ha enviado a Iñigo Urkullu, Uxue Barkos y Mariano Rajoy: hablamos del derecho de decenas de miles de navarros a recibir información y otros contenidos de los medios de comunicación en la lengua que elijan. Y ése es el gran problema, la verdadera guerra de UPN contra ETB: el euskera, la lingua navarrorum, una lengua cooficial en Nafarroa, mi-norizada y sobre cuyo carácter de patrimonio y potenciación de su uso existe consenso social. Este no es un asunto legal, sobre cumplimiento de leyes, sino una ofensiva contra la libertad, contra una lengua propia y contra “los vascos”. ¡Ay, el pase foral!