SI partimos del hecho de que Arnaldo Otegi sigue estando en prisión, hay que tener el estómago preparado para casi todo. Si, además, introducimos el factor de la interpretabilidad del derecho y su particularización o generalización no ya en la diversidad de casos sino según la fase procesal de los mismos, los profanos nos rendimos.

De todo este asunto sobre la inhabilitación de Arnaldo Otegi lo poco que veníamos entendiendo algunos era que había criterios dispares en la interpretación de estamentos jurídicos a los que se supone igual fundamento. La liebre sobre la posibilidad de que el político condenado por el caso Bateragune pudiera ser el próximo candidato de la izquierda abertzale a lehendakari en otoño de este año la levantó en verano pasado la interpretación de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de la condena de inhabilitación inconcreta de Iker Casanova. El argumento: que la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) no especificaba los cargos públicos sujetos a inhabilitación y por eso no cabía exigirle renunciar a su escaño parlamentario. Consecuente regocijo de quienes revisaron la condena contra Otegi porque tampoco se especificaban los cargos inhabilitados. En Sortu se apresuraron a atar cabos y su propio presidente, Hasier Arraiz, ha flirteado con la sugerencia de que, cuando Otegi salga de prisión en marzo y tras los trámites internos, sería aclamado como candidato.

Lo que hizo ayer la AN fue echar un jarro de agua fría sobre esa expectativa al rechazar un recurso presentado por la defensa de Otegi ante la sala que lo condenó y sitúa el horizonte de la elegibilidad en 2021. Lo que lleva a preguntarse -siempre en calidad de profano- si el propio recurso no fue un error. Porque, de no haberse reclamado la aplicación del criterio de la Fiscalía, el candidato -o incluso el parlamentario- Otegi podría haber sido objeto de recurso tras la extinción de su condena de prisión con gran posibilidad de que la interpretación técnica fiscal hubiera sido la de carecer de recursos para hacer cumplir esa parte de la pena por inconcreta. Pero, ahora, la AN se ha vuelto a pronunciar, dice que la sentencia ya se está cumpliendo y que el recurso llega tarde.

En julio pasado, el Tribunal Supremo (TS) señaló el alcance de una inhabilitación no explicitada en respuesta a un recurso de los condenados por el caso Herrikos y sostuvo que una sentencia puede ser aclarada por el tribunal que la dictó en sus omisiones o en sus extremos menos claros. El mismo TS hizo lo propio con ese recurso y aclaró que los condenados estaban inhabilitados para cargos electos. Este tribunal tendrá que fallar en el futuro el anunciado recurso de Otegi y volverán a chocar interpretaciones porque la AN se ha limitado a rechazar el recurso por extemporáneo sin entrar en su fondo -aunque sostiene que ya indicó en 2013 la inhabilitación especial para sufragio pasivo-. Y seguirá un culebrón absurdo que ya nadie sabe a qué interés responde, pero no necesariamente al de la justicia.