los problemas de Europa no pueden esperar”. He aquí la declaración de intenciones de Jean-Claude Juncker, hecha pública en su primer día como presidente de la Comisión Europea (1 de noviembre). Bien se puede decir que semejantes palabras son el paradigma del cinismo porque se pronuncian casi medio año después de que los ciudadanos europeos se pronunciasen en las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo y al máximo representante del hipotético Gobierno europeo (la Comisión) cuya responsabilidad reside en velar por el cumplimiento de las leyes y normas europeas establecidas para velar por el bienestar de toda la ciudadanía de la Unión Europea.
Dicho lo cual, cabe preguntarse si no es grotesco hablar de problemas urgentes con semejante retraso. Es como solicitar con urgencia la presencia de un fontanero tras cinco meses y medio de goteras (vacaciones veraniegas incluidas). También son palabras vejatorias para la dignidad de quienes sufren con el paro y la pobreza las consecuencias de una crisis alimentada por medidas de austeridad impuestas, entre otros, por el Eurogrupo (responsable de coordinar y supervisar las políticas y estrategias económicas comunes que adoptan los Estados de la eurozona), que ha estado presidido por el ínclito Juncker entre 2005 y 2013.
Claro que, puestos a ver los méritos del nuevo presidente de la Comisión, resulta que fue primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo hasta el 10 de julio de 2013 y durante su mandato negoció con más de 340 multinacionales, incluyendo nombres tan globales como Pepsi, Procter & Gamble y JPMorgan, acuerdos secretos con los que se ahorraron miles de millones de dólares en impuestos. Es decir, estamos ante un claro ejemplo de ‘paraíso fiscal’, aunque la propia UE no lo reconozca como oficialmente. Sin embargo, Luxemburgo, con poco más de medio millón de habitantes, tiene más de 150 entidades de crédito en 26 países (843.000 millones de euros en activos en 2006), es el segundo país en fondos de inversiones y el noveno sector financiero.
INCONGRUENCIA Reclamo la atención de los lectores respecto a la sospechosa compatibilidad ejercida entre los años 2005 y 2013 por Juncker al simultanear cargos tan importantes como primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo. ¿Se puede defender los intereses de países de la eurozona con serios problemas de deuda pública, déficit y paro mientras se negocia con multinacionales la evasión de impuestos en esos países?
Es toda una incongruencia agravada por ese rictus de legalidad al que apelan las empresas beneficiadas y las autoridades europeas. El hecho de que semejantes prácticas financieras y fiscales estén refrendadas por las leyes no restan un ápice la carga corrupta e inmoral de las mismas. Incluso la aumentan porque coloca los intereses depravados de las empresas por encima y en detrimento del bienestar social que, según los diversos tratados de la UE, dicen defender las instituciones.
Se desmonta así la idea, propagada publicitariamente, de que la ley responde a las necesidades sociales. No, las leyes sirven al poder financiero. Lo protegen, al tiempo que imponen medidas para que sea la sociedad quien pague los desmanes de los poderosos. En consecuencia, el hecho de que algunos políticos, sindicalistas y empresarios sean “cazados, denunciados y encarcelados” por quedarse con dinero público no es sino el humo de una corrupción sistémica que germina y florece en los organismos encargados de vigilar la buena gobernanza.
La otrora esperanzadora Unión Europea, creada para evitar nuevas guerras y para reducir las desigualdades sociales, se ha convertido en una cadena de instituciones de corte jerárquico vertical puestas al servicio del mercado financiero y donde los europeos somos tratados como borregos.
