quieren volverlo a hacer. Es lo que tiene la mayoría absoluta, cuando se asume como despotismo. Muchos de los que cambiaron su voto hacia el PP en las últimas elecciones generales, muchos de los desengañados por los disparates de Zapatero, muchos de los que creyeron que la derecha iba a sacar al país de la crisis, si les queda un ápice de sentido democrático asistirán estremecidos -y arrepentidos- a este nuevo alarde de chulería que pretende cambiar a golpe de rodillo la Ley Electoral con el único fin de beneficiarse partidariamente de la modificación.
En síntesis, lo que intenta el partido del Gobierno español es impedir por ley que cualquier coalición o acuerdo entre el resto de las formaciones políticas pueda desbancar de las alcaldías a un alcalde del PP que haya obtenido la mayoría de los votos. Para eludir esta posibilidad, los ideólogos y sociólogos del aparato popular han tenido en cuenta varios parámetros tan elementales como zafios: los resultados claramente a la baja de las elecciones europeas les metieron el miedo en el cuerpo; la irrupción de los emergentes, en especial Podemos, es una clara amenaza a la que se añade el descalabro previsible del PSOE; la izquierda, las izquierdas, persisten en su fragmentación crónica mientras que ellos, la derecha, las derechas, permanecen unidos a bloque; por si vinieran mal dadas, se rebaja al 40% el concepto de mayoría. Sopesado todo ello, las posibilidades de mantener las alcaldías que ahora en la mayoría de las grandes ciudades españolas sin temor a alternativas coaligadas merecen el pucherazo, a toda prisa, y que protesten lo que quieran.
Y en ello están. Lo que se puso en marcha como globo sonda hace varios meses va tomando cuerpo y a estas alturas los disciplinados dirigentes del PP ya lo dejan caer con desparpajo, añadiéndole el componente pretendidamente digno de que se trata de una mejora del sistema democrático que, además, y de qué se quejan, ese cambio estaba en su programa electoral. Como si no hubieran incumplido tan campantes buena parte de su ahora reivindicado programa.
Pues bien, esta artimaña tramposa es quizá el más grave ataque a la democracia perpetrado desde el 23-F. El PP, a cuenta de su actual mayoría absoluta, viene ya mangoneando el país con decretos leyes y modificaciones de principios básicos de convivencia que lo mismo atentan contra los derechos de los trabajadores, que contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad, que contra los derechos de los alumnos a recibir una educación basada en principios democráticos. Pero lo que ahora pretenden, eso de cambiar las reglas del juego con el partido a punto de finalizar para asegurarse el triunfo, es una estafa que no tiene un pase y es de esperar que desde la Unión Europea alguien mande a parar este atropello.
A estas alturas, apenas cabe duda de que el PP va a acelerar el pucherazo a pesar de las protestas de la oposición prácticamente en bloque. Ellos, los dirigentes que se ven obligados a dar la cara mientras Mariano Rajoy digiere en silencio el marisco vacacional, ya han avisado que la trampa se va a perpetrar con o sin apoyo de la oposición. Eso sí, dicen que “les escucharán”, y hasta presumirán de haber logrado el apoyo de alguno que otro de los partidos medio inútiles que ocuparon escaño.
Lo que aún resulta más penoso es ver desfilar a los nuevos cachorros del PP vasco defendiendo a capa y espada la conveniencia de esta chapuza. Laura Garrido, Borja Semper, Arantza Quiroga, que figuraban como líderes de aquella supuesta esperanza blanca de un PP vasco modernizado, aseguran que respetar la lista más votada en las elecciones municipales es lo más justo, lo más positivo y lo más democrático. Ellos, que desde hace tres años vienen presionando al PNV para que desplace a EH Bildu de los gobiernos municipal y foral en Gipuzkoa, en nombre de la democracia. Ellos, que ofrecieron la suma de sus parlamentarios a Patxi López para desalojar del Gobierno vasco al PNV, claro ganador de las elecciones autonómicas. En un alarde de obscenidad política, la presidenta Quiroga pretende evitar la acusación de pucherazo alegando que con esa modificación de ley EH Bildu, nada menos que EH Bildu, será la más beneficiada. Más generosidad y desinterés, imposible.
Van a volverlo a hacer. Van a arrollar con su mayoría absoluta, aunque sea lo último que hagan, para asegurarse unas alcaldías que no les corresponden. Van a suprimir por ley la posibilidad de acuerdos, coaliciones y unidad de acción de quienes representan a la mayoría de los votantes. Y lo van a hacer, se ponga la oposición como se ponga.
Está por ver, de todas formas, en qué va a quedar esta maniobra al ser traducida a votos. Pero en el caso de que se consume una usurpación de la voluntad ciudadana, los partidos de la oposición deberían juramentarse no solo para derogar esa modificación de la ley electoral en cuanto se den las circunstancias para ello, sino para ir preparando tantas mociones de censura cuantas alcaldías sean usurpadas, en una catarata de protestas que sin duda contará con el apoyo de la ciudadanía.
