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Encierro en un callejón sin salida

EN plena semana de los sanfermines, los recortes de Rajoy son desgarrones mucho más duros que las cornadas de los toros a su paso por la calle Estafeta. Empitonados por las exigencias europeas, todo es posible en este encierro de la austeridad al que nos lleva la teoría neoliberal elevada a la categoría del dogma que considera excesivo el gasto social público e inasumible la deuda pública. Quizás por ello, para algunos suenen bien los aplausos de quienes, desde la bancada del PP, jaleaban cada una de las cornadas-recortes anunciada por su jefe de filas con el objetivo de reducir el déficit público. Aplausos que, dicho sea de paso, dejaron un espectáculo triste y vergonzoso, porque, mientras los políticos erosionaban los valores democráticos, los responsables del encierro-austeridad-pobreza lo veían desde balcones alquilados con derecho a desayuno con diamantes.

No es cuestión de seguir cargando tintas sobre esa bufonada parlamentaria. Es tanto como perder el tiempo cuando las cornadas-recortes de Rajoy no solo van a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, sino que ofrecen muy poca credibilidad, tanto para sus víctimas (la sociedad) como para sus promotores, como bien se evidenció con la evolución de la prima de riesgo y los intereses de los bonos a 10 años, que no ceden en su presión alcista porque su mayor preocupación no reside en la deuda pública española (unos 700.000 millones de euros) sino en la privada, que triplica esa cifra.

Dicho en otras palabras, los mercados (constituidos por los acreedores de la deuda española) quieren recuperar el dinero prestado al sector privado (empresas y bancos) y, como la caída del consumo y el aumento del paro alimentan el riesgo de insolvencia e incumplimiento de las obligaciones contraídas con la deuda (default), mantienen la prima de riesgo en situación agónica para promover el rescate integral de la economía española como única solución y asegurar así el cobro de sus préstamos, ya que la deuda privada puede convertirse en pública o, al menos, contar con la garantía del Estado, aunque vaya en detrimento de la calidad de vida (educación, sanidad y poder adquisitivo) como así está ocurriendo.

Pongamos algunas cifras para comprender mejor la situación. El conjunto de la deuda española (pública y privada) tiene este año vencimientos por valor de 400.000 millones de euros y el proceso de su refinanciación tiene un primer obstáculo en la credibilidad que merece la economía española y un segundo inconveniente en los intereses que tendrán que pagar Estado, bancos y empresas. Un dato más, a día de hoy, la cuantía de la factura de los intereses que paga el Estado al año por la deuda pública es similar al coste de las prestaciones por desempleo que se abonan a quienes aún tienen esa posibilidad.

Tenemos que recordar que buena parte de la deuda privada (que es tres veces superior a la pública) se generó en los años precedentes al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la mayoría de los inversores acudieron en masa a las demandas de capital de las entidades financieras españolas y las inmobiliarias, provocando que la balanza de pagos española experimentara un superávit que hoy se ha convertido en su talón de Aquiles y la misma balanza de pagos registra en los últimos doce meses la pérdida neta de 300.000 millones de euros. Una situación que tiene su lógica (aunque nos parezca inmoral) en la constatación de que la economía española ha dejado de ser una fuente de beneficios en el corto plazo y los mercados no van a premiar una subida de impuestos o una caída de salarios que reducirán el consumo interno y agravarán la recesión.

Así las cosas, el futuro a corto y medio plazo se proyecta como un callejón sin salida. Si el consumo puede descender agravará la situación de las empresas que no pueden refinanciar su deuda, salvo con altos intereses, y menos aún invertir en tecnología y conocimiento para ser competitivos en los mercados internacionales, lo que implica el riesgo de más desempleo y la caída de ingresos fiscales, aunque suba el IRPF y el IVA. Por su parte, los bancos abandonan el mercado crediticio porque sus prioridades están en la nueva recapitalización impuesta por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) y por la falta de liquidez, mientras que el Estado no tiene margen de maniobra para hacer uso de la obra pública que permitiría mantener cierto nivel de empleo.

Se cierra así el bucle satánico: sin trabajo no hay consumo; sin consumo no hay producción ni ingresos fiscales por IVA; sin producción se destruye empleo y desciende el IRPF y?, vuelta a empezar. Añadan a este escenario la incongruencia de algunas declaraciones, como la del Jefe del Estado: "nadie puede quedar excluido de la recuperación económica". ¿De qué recuperación habla? Hubiera sido más justo afirmar que "nadie debe quedar excluido de los sacrificios".

Con estos recortes y estos ejemplos se comprende y comparte mejor la indignación de la ciudadanía que se ve en un callejón sin salida amenazada por la cornamenta de los toros-recesión por culpa de otros a los que no se les exige sacrificio alguno y contemplan la masacre social protegidos por la barrera de la impunidad.