EL pueblo de la diáspora, los pogromos y del holocausto es ahora protagonista en su propia patria del racismo intolerante. La discriminación aguda de los residentes de color y una hostilidad que a principios de este mes culminó en dos intentos de linchamiento en Tel Aviv de dos residentes de color ha provocado que día pasados se registrasen en el país airadas manifestaciones bajo el lema de "?Los perseguidos no son perseguidores?"

En cifras totales, el problema de convivencia no debería ser un problema grave ya que los ocho millones de ciudadanos israelíes conviven con cerca de un cuarto de millón de inmigrantes ilegales, asilados y refugiados políticos así como la mano de obra barata que entró legalmente en el país en tiempos de economía más próspera. La inmensa mayoría son fugitivos de Eritrea, Somalia y Sudán.

Pero la sociedad israelí es muy complicada para los forasteros venidos de zonas rurales muy atrasadas y un sector no despreciable de la propia sociedad israelí -el ultra ortodoxo- parece que tampoco puede o quiere superar los problemas de convivencia con los inmigrantes poco o nada adaptados a las normas y creencias del Israel de hoy en día.

Para estos racistas radicales no cabe la compasión porque -entre otras cosas- diferencian de forma absoluta entre las persecuciones sufridas por el pueblo israelí a lo largo de Historia y las tragedias que se registran hoy en día en todo el mundo, sobre todo, en África. Es a estos racistas -y al Gobierno de Netanyahu, claro- a los que se dirigen las manifestaciones organizadas bajo el lema de que los perseguidos no pueden transformarse en perseguidores.

Esta dureza para con los más pobres parece mucho más grave de lo que es en realidad, porque el Gobierno del primer ministro Netanyahu ha promulgado decretos y leyes muy estrictas en cuanto a la presencia en Israel de fugitivos, asilados e indocumentados. Lo ha hecho ante todo para satisfacer las reclamaciones de su socio gubernamental, el partido religioso Shas. Pero a la hora de la verdad, las autoridades israelíes no han aplicado hasta ahora ninguna de estas normas y no ha sido expulsado aún del país ninguno de esos "indeseables".

Pero la presión del Shas crece en el Gabinete israelí y un sector de la población es cada vez más intolerante con los extranjeros social y económicamente más débiles. Y así, el Gobierno ha anunciado que procederá en breve a la expulsión de los cerca de tres mil sudaneses del sur, porque tras la reciente independencia del Sudán del Sur " ?el Gobierno israelí considera que los territorios sudaneses son tierras absolutamente seguras?" y ya no hay razón alguna para que los ciudadanos de los dos Estados sudaneses pidan asilo porque sus vidas corran peligro en sus respectivas patrias.