Cortocircuito social

arranca una semana interesante. Vamos a vivir la primera huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy que ha decretado una reforma laboral claramente contraria a los intereses de los trabajadores, tengan o no empleo. Unos y otros se encuentran en la encrucijada de optar entre las razones para secundar la huelga y los pretextos para no hacerlo. En ambos casos los argumentos no solo son respetables y legítimos, sino determinantes. Hay que elegir entre la reivindicación de un trabajo digno para todos y el miedo irrefrenable a perderlo. Entre la pobreza y el desamparo de unos y la reducción de salarios para otros.

Quiero hacerles partícipes de un dato elocuente que quizás ya lo conozcan. Procede de Grecia, intervenida como se sabe por la UE, el BCE y el FMI, donde el pasado 12 de febrero se aprobaron las medidas exigidas por los interventores. Entre esas medidas se incluye la eliminación de los convenios y su sustitución por acuerdos individuales entre trabajador y empresario. Algo similar a lo que contempla la reforma laboral española. Pues bien, según los datos del Ministerio griego, en 45 empresas con más de 50 trabajadores de las regiones de Atenas y Salónica, los nuevos contratos firmados desde entonces incluyen reducciones salariales de una media del 20,1%.

Otro tanto ha ocurrido en las pymes. Los nuevos contratos, que afectan a unos 15.000 trabajadores, suponen una reducción salarial del 20,63%. "Con estas medidas se ha impuesto la ley de la jungla. Nosotros pedimos que se respetase a los trabajadores más pobres pero la troika ignoró por completo nuestros argumentos", se quejó la pasada semana Ioannis Panagopulos, secretario general de GSEE, el principal sindicato griego.

Además, el salario mínimo, anteriormente de 751 euros brutos, se redujo hasta los 500 euros netos, 400 en el caso de los menores de 25 años. La reducción de los salarios, sumado un aumento de los precios del 10% anual desde 2010, ha provocado una caída en picado del consumo y al cierre de decenas de miles de negocios. Por tanto más paro en Grecia y la posibilidad de que la situación se reproduzca en España.

Pero estamos a las puertas de una nueva recesión económica, cuando aún no se han cerrado las heridas de la anterior. En Euskadi, por ejemplo, la patronal Confebask pronostica que este año se cerrarán más de mil empresas y se destruirán 10.000 puestos de trabajo. En el Estado español el horizonte es todavía mucho más trágico con más de 630.000 personas que se verán obligadas a formar parte de las listas del paro. Así pues, para los próximos meses se abre un duro y temeroso escenario.

Pero ahora, esta semana, la sociedad debe decidir si secunda o no una huelga general, legítima y justificada, convocada (¡Oh paradoja del destino!) a 24 horas de la operación salida en la que millones de personas tienen derecho al descanso y a estar solo pendientes del tiempo y el tráfico para iniciar el legítimo disfrute de las minivacaciones de Semana Santa.

Y, por si la semana no fuera suficientemente interesante, resulta que, coincidiendo con la operación salida, también conoceremos los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. Sabremos en qué quiere gastarse Rajoy los dineros públicos y cómo hará para reducir el déficit al 5,8% comprometido con la UE, así como el capítulo de inversiones públicas e incentivos a la inversión privada que son la clave para el crecimiento y la creación de empleo. Un buen momento para saber dónde residen las prioridades del PP porque también tendrá que hacer público cómo y dónde va a recaudar el dinero suficiente para cuadrar las cuentas.

Claro que tampoco se puede olvidar que muchas empresas están agobiadas por la caída del consumo y el cierre del mercado crediticio. Piden una menor presión fiscal e impositiva como medida para invertir y crear empleo. Llegados a este punto, los empresarios parecen plantear un nuevo dilema entre pagar impuestos o invertir. Personalmente, prefiero esto último, pero no a cualquier precio. No se puede consentir un mayor deterioro en el eje fundamental de cualquier familia, cual es su poder adquisitivo. Su capacidad para el gasto en aquellas cosas que son de primera necesidad. No se puede aceptar la existencia de contratos de trabajo basura.

Es esta una situación real a la que se ha llegado, en parte, porque hemos olvidado que las ideas y las políticas económicas deberían conducirnos a una sociedad de valores, mejor y más justa que ayuda al necesitado y castiga al corrupto. Al menos así debería ser en su gran mayoría si no fuera porque esas ideas están supeditadas al factor humano que vive afectado e infectado por el virus de la demagogia manipuladora y, lejos de unir a las personas en la búsqueda de esos valores, termina por exacerbar los fanatismos y por dividir a la sociedad que dicen proteger.

La incógnita derivada de este cortocircuito social comenzará a desvelarse este próximo jueves.