se mire por donde se mire, los trabajadores jamás han tenido, en la historia de la democracia, tantas razones, argumentos o motivos para apoyar una huelga general que los proyectados por la reforma laboral del Gobierno Rajoy. Empero, hete aquí una paradoja difícil de resolver, los factores socio-económicos derivados de la crisis (destrucción de empleo, cierre del mercado crediticio, descenso del consumo, etc.) y los que están por venir con la nueva recesión en menos de cinco años ponen en tela de juicio la idoneidad de una huelga.
Más aún, la mayoría absoluta alcanzada por el PP en las pasadas elecciones generales como consecuencia del descalabro del PSOE, junto a las presiones y exigencias de la UE, el BCE o el FMI dejan un escenario donde las reivindicaciones laborales caen en saco roto, al tiempo que se demoniza la acción sindical, porque, al final, todo gira en torno al poder económico y los gobiernos europeos no han hecho otra cosa que plegarse a los deseos del eufemísticamente llamado mercado, que exige la austeridad presupuestaria y la reducción del gasto público como si fueran la panacea universal que nos curará de todos los males.
Pero no queda ahí la estrategia mediática de quienes manejan los hilos de este teatro de marionetas en que se ha convertido Europa y, por si no fuera suficiente, se repite hasta la saciedad latiguillos como "todos somos responsables del déficit público", para justificar decisiones como la rebaja salarial del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, los ajustes fiscales o el recorte en el gasto social destinado a la sanidad y la educación. También se asegura que "el absentismo laboral resta competitividad a las empresas" para avalar el despido libre.
Dicho en otras palabras, resulta que ahora, tras el tsunami financiero provocado por los créditos basura; tras destruir millones de empleos; tras dejar en la calle, sin vivienda ni trabajo a miles de familias; tras romper en mil pedazos las esperanzas de toda una generación, los culpables de todo ello son las propias víctimas. Es difícil imaginar una canallada mayor. La incapacidad de los gobiernos para sacarnos de la crisis económica se transforma por arte de birlibirloque en duras acusaciones hacia quienes padecen sus consecuencias, porque, salvo contadísimas excepciones, los que han provocado la crisis siguen en sus cómodas poltronas desde las que se permiten, eso sí, impartir lecciones de austeridad.
Algunos empresarios, como Juan Roig, presidente de Mercadona, presentan extraordinarios balances económicos, incluida la creación de empleo. Pero dudo que esa admirable tarjeta de visita haga buenas afirmaciones como las realizadas esta semana en las que pone como ejemplo a los bazares chinos donde "la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos". Sus consejos se han extendido también a la eliminación de subvenciones, a "desincentivar el paro" y acabar con el "absentismo injustificado". Culmina su alocución señalando que la salida de la crisis pasa porque todos los españoles cambien su actitud y piensen "más en los deberes que en los derechos". Todo un dechado de cortesía empresarial ante el que afirmo haber visto el esfuerzo y sacrificio de trabajadores como mis padres y los de mi generación para conseguir un trabajo digno y derechos democráticos como para que ahora los chinos o el propio Roig nos vayan a dar lecciones.
Y así estamos. Los gobernantes dogmatizan con la deuda pública y los empresarios piden sacrificio y deberes. Pero ni unos ni otros hablan de aspectos o proyectos relacionados con la educación o con los incentivos para el crecimiento, el empleo y el bienestar social. En todo caso se habla de ajustes fiscales para compensar la falta de recursos, pero éstos no son suficientes para la recuperación y, mucho menos para la sostenibilidad y la cohesión social de un modelo económico que hace aguas por todas partes.
Llega una nueva recesión económica que, por primera vez, incidirá sobre una sociedad debilitada e hipertrofiada por la anterior y no solucionada recesión. Sabemos que pasarán muchos años antes de que puedan recuperarse los niveles de empleo y consumo que se registraron hasta 2007. Para avanzar en la dirección correcta se hacen necesarios gobiernos y gobernantes que sepan practicar la austeridad, pero tiene que ser una austeridad inteligente con capacidad para discernir entre déficit estructural y coyuntural; entre gasto corriente e inversión; que impulse nuevos sectores productivos y modernicen las políticas activas de empleo.
Una austeridad inteligente porque, como dice la comisaría europea de Investigación e Innovación, Máire Geoghegan-Quinn, "en tiempos de austeridad, hay que seguir invirtiendo en áreas como la educación, la investigación y la ciencia. Los países que lo están haciendo bien son aquellos que han invertido con constancia en educación e investigación" y pone a Finlandia como ejemplo de "austeridad inteligente".
Cuando un Gobierno es incapaz de hacer estas cosas, corresponde a la sociedad tomar medidas, porque como dijo el poeta y legislador ateniense Solón (638-558 a de C.): "La austeridad es una de las virtudes de un pueblo inteligente".
