Rescate, reforma y déficit. Tres conceptos que resumen una semana complicada, aunque no más de las que han precedido desde hace meses, porque las medidas que se anuncian y toman para enderezar la economía europea siguen sin ser eficaces y terminan por dejarnos más fríos que ese helador viento siberiano que nos está acompañando. Tres conceptos con sus correspondientes problemas y otras tantas soluciones que son cuestionadas desde las sociedades afectadas porque son medidas al servicio del poder financiero de tal suerte que podemos parafrasear una canción popular de los años 60 cuando decía: tres eran tres las hijas de… y ninguna era buena.
La primera de esas soluciones nos lleva a Grecia. Se quiere evitar la bancarrota de sus finanzas públicas y la troika (es decir, la UE, el BCE y el FMI) instrumentaliza un segundo rescate por valor de 130.000 millones de euros y una quita de 100.000 millones sobre la deuda pública actual a cambio de severas normas de austeridad, como destruir 130.000 empleos de funcionarios y reducir las pensiones, lo cual permitirá al Gobierno griego, recadero de la troika, pagar la deuda soberana y su prima de riesgo, pero que, en modo alguno, limita el invertir e incentivar sectores productivos.
Por tanto, nada de crecimiento y menos de crear empleo. Grecia se ve condenada a un largo periodo (algunos hablan de 40 años) de pobreza y de inestabilidad política, tal y como se puede ver estos días en las calles de Atenas donde cunde el caos entre una población que sólo ve nubarrones negros en el horizonte de su futuro. Es posible que la solución impuesta por la troika frene la bancarrota de las finanzas griegas, pero no evitará la quiebra económica de la sociedad y la quiebra social de la economía real.
El segundo escenario no es más halagüeño que el anterior. Nadie cree que la reforma laboral aprobada el viernes facilite la contratación de nuevos puestos de trabajo. De momento, el Real Decreto Ley abarata el despido, concede más facilidades a las empresas para los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa previa y, al mismo tiempo, crea un nuevo contrato fijo que entre sus novedades está alargar el periodo de prueba hasta un año, frente al tope actual de dos o seis meses (según la cualificación del trabajador). Y todo en ello aderezado por la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores que, por otro lado, no podrán acogerse a los convenios sectoriales, limitando así su capacidad de negociación al marco de la propia empresa y sus circunstancias coyunturales.
La fórmula es claramente lesiva para los trabajadores en general. Se pone especial énfasis en la reducción de los costes laborales, cuando éstos apenas representan un 10 por ciento del valor de los productos. Se desmantela el poder de los sindicatos en la misma proporción que aumenta el poder de las empresas, cuyas cuentas serán determinantes para despedir empleados y reducir tanto la jornada laboral como los salarios, al margen de lo que otras empresas del mismo sector puedan o quieran hacer. Lamentable epílogo para una reforma que, siendo necesaria, es incompleta e injusta.
Por último está el déficit presupuestario que acumula la gestión del Gobierno vasco. Aquí ya no encontramos medidas o decisiones del gabinete presidido por "un tal López" (copiamos el titular de una página web en la que define como "delfín" al nuevo Secretario de Relaciones Políticas del PSOE). Sólo hay silencio compartido con el PP o, cuando se les requiere información en sede parlamentaria, al tiempo que transparencia, sobre las cuentas públicas, insultos a quienes las reclaman por parte de quien habló de "bolsillos de cristal".
Pues bien, lejos de cumplir con su obligación, el tal López se dedica a tirar balones fuera, acusando de mentir a la oposición o culpabilizar a otras instituciones vascas que no están (afortunadamente) bajo su control. Resulta lógico pensar que en esta época de crisis, cuando se destruye empleo y se reduce el consumo, descienden los ingresos fiscales, pero esto no justifica la elusión de sus responsabilidades informativas del inquilino de Ajuria Enea y menos aún cuando un organismo bajo su control (Eustat) señala que estamos a un paso de la recesión técnica.
Los errores se suceden uno tras otro, producto de la ignorancia y de actuar sobre las consecuencias de una crisis y no sobre sus causas. Así se quiere subir el IRPF que restará capacidad de gasto en la sociedad y terminará por reducir aún más los ingresos fiscales, sin entender que el progreso reside en la diversificación de la economía y que los mercados exteriores no se conquistan con buenas palabras sino con un equipamiento de nuevas tecnologías y líneas de crédito que las financien. Entre tanto, el caos informativo parece instalado definitivamente porque, como decía el filósofo estadounidense Amos Bronson Alcott (1799-1888) "la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia".
