el mundo económico ha cerrado la última semana con una sensación rara, rozando la paradoja y acentuando el drama que se cierne sobre el euro y la deuda soberana. Se esperaba, o más bien se deseaba, que el triunfo electoral del PP diera una tregua a la deuda pública española. No ha sido así. Quizás ha contribuido a ello el silencio del próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en relación a conocer quiénes integrarán su equipo económico y qué medidas se tomarán para tratar de enderezar la grave situación de la economía española. Bien es cierto que el traspaso de poderes tiene un ritmo marcado por la Ley electoral, pero no menos cierta es la excepcionalidad de una grave crisis que demanda acciones urgentes y éstas no se han visto de momento, al menos su enunciado, lo cual alimenta la incertidumbre su el futuro.
Prueba de esta ambigüedad es el castigo que se ha dejado notar a la hora de colocar Bonos y Letras del Tesoro por los que se pagan altos tipos de interés, así como en la evolución de la Bolsa que ha bajado un 6,58% al seguir bajo los efectos de un entorno financiero débil, volátil y sujeto a las querencias bancarias que viven más pendientes de la propuesta de nuevo pacto de estabilidad del euro que haga el eje franco-alemán en la cumbre europea del próximo día 9 de diciembre, tal y como puede deducirse de las negociaciones secretas que están manteniendo Sarkozy y Merkel, según informa el diario germano Bild.
Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla la primera década de la entrada en circulación de la moneda europea (1 de enero de 2002), esta nueva vuelta de tuerca franco-alemana tiene, argumenta el citado periódico, la doble "ventaja" de ser "más rápido" que un acuerdo que precise la ratificación de los 27 Estados miembros para entrar en vigor y de ejercer una mayor presión sobre los países reticentes. "Deja menos capacidad de oposición a los Estados miembros escépticos", argumenta el periódico y agrega que, en caso de emergencia, esta modalidad podría incluso sortear una eventual oposición de la Comisión Europea.
La idea es que, al menos los 17 países-socios de la eurozona suscriban este acuerdo cuanto antes para que sea operativo en enero o febrero, buscando con ello cierta tranquilidad para los mercados financieros, muy nerviosos últimamente porque los Estados de la UE cada vez pagan más por colocar sus bonos soberanos y llegan a niveles difícilmente sostenibles a medio plazo, como en el caso de Italia y España. Habrá que ver qué repercusión tiene la propuesta de Berlín y París en algunos gobiernos de la UE, como por ejemplo el español que acude a la cumbre con un Gobierno en funciones, cuyas decisiones deberán estar previamente consensuadas con el desconocido, hasta ahora, equipo económico de Mariano Rajoy.
Ahora bien, nada nuevo se está diciendo en relación a los eurobonos y a posibles estímulos para la economía europea. En ambos capítulos parece que se pincha en hueso y, sin embargo, son piezas fundamentales. El primero de ellos requiere cierta armonización fiscal o, al menos, una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de unidad en esta materia, cuyos principales ejes recaudatorios se centran en las rentas del trabajo (IRPF), los beneficios empresariales (Impuesto de Sociedades) y el consumo (IVA). Es decir, las tres grandes consecuencias de una crisis originada por la desregulación del sistema financiero y los tres grandes y graves problemas de la economía del Estado español.
En tanto estos factores no entren en una tendencia positiva y se mantenga la política de austeridad presupuestaria no será posible recuperar la confianza de los mercados en aquellos países en los que se pone en duda su capacidad para amortizar la deuda soberana que acarrean y pagar los intereses generados. Se trata de un círculo vicioso del que parece imposible salir y, en opinión del Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph E. Stiglitz, "son una receta para menor crecimiento y más desempleo. Un suicidio económico que debería ser contrarrestado con una fiscalidad progresiva y apoyo a las inversiones empresariales".
Una sugerencia que parece caer en saco roto para quienes pretenden dirigir la política económica europea, obsesionados con frenar el déficit presupuestario aunque suponga un recorte en los gastos sociales. Otro tanto puede decirse entre los responsables el partido llamado a gobernar España en los próximos cuatro años, que sólo hablan de austeridad y reforma laboral. Para ellos, Stiglitz también tiene un consejo: "hay la percepción de que un exceso de rigidez del mercado laboral impide la contratación a largo plazo, pero una flexibilidad que recorte los salarios empeorará la demanda y la recesión económica" y subraya estar "impresionado por la enorme calma con la que España afronta su disparada tasa de paro".
