Resulta extraño afirmar que alguien sepa demasiado, pues nunca se sabe lo suficiente. Pero en España se da esa antinomia y es entre los jueces donde se produce, pues se han hinchado a estudiar Derecho y muchos han organizado un lío monumental y a la ciudadanía. Es el caso de Marchena y Llarena, jueces del procés catalán del 1-O, vapuleados por los diversos tribunales europeos por sus originales interpretaciones de las leyes. Es sabido que entre los jueces está difundido que “los jueces españoles son los mejor preparados del mundo” y ha creado jurisprudencia, aunque ello no sea óbice para ser vapuleados por tribunales europeos y ser noticia de primeras páginas que el CGPJ está caducado desde hace más de cuatro años por motivos políticos. Léase la crítica de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla o a Emilio Olabarría, de Deusto entre otros críticos de las sentencias de los tribunales españoles, pues sus comentarios en público la ponen al borde del ridículo. Pero lo más sorprendente es que a pesar de la opinión generalizada en Europa sobre la justicia en España, el CGPJ se reitera en el error y su soberbia les impide asumir la ilegalidad de sus irregularidades y en el límite se han permitido impedir la votación a los diputados en las Cortes, el órgano de representación de la soberanía popular del que dependen los demás poderes del Estado. Ello ha supuesto de facto un acto ilegítimo de fuerza frente al poder judicial. Además, los restantes poderes del Estado no han sido capaces de defender la libertad y autonomía de las instituciones y el Gobierno sin atreverse a aplicar la ley aunque haya que destituir a jueces y altos funcionarios que piensan, como el Rey Sol, que L’État, c’est moi.
