Ahora que se habla tanto del gasto de las autonomías y algunos, incluso, piden la supresión de estas, viene al caso un tema personal que viví recientemente.
Por un problema de salud acudí, dos días consecutivos, con carácter de urgencia, a mi Centro de Atención Primaria. El segundo día, me dieron hora para el especialista adecuado, a tres meses vista. Como no podía esperar tanto tiempo, acudí a la medicina privada. No obstante, dirigí un escrito de queja al responsable del centro con copia para la consejera de Salud de mi comunidad, que no me contestó. Entonces escribí al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, entre cuyas funciones está "promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado".
La respuesta, después de citar un sinnúmero de artículos referentes al tema, decía lisa y llanamente que las competencias en materia de salud estaban cedidas en su totalidad a las comunidades autónomas y que no correspondía a ese Ministerio ninguna acción al respecto.
Naturalmente, como se trataba de mi salud, no contesté el escrito, pero ahora sí lo hago para decir: Y entonces, ¿qué hacen los funcionarios de ese Ministerio? ¿Por qué simplemente no lo suprimen, ya que sus competencias están totalmente cedidas? Representaría un enorme ahorro en estos tiempos difíciles.
Lo que en realidad ocurre es que el Estado ha cedido competencias (y gastos) a las Comunidades pero no deja de tener las riendas, en los correspondientes ministerios, que no han reducido en la misma proporción los gastos derivados de las competencias transferidas, pero sin intervenir en las mismas.
