LA magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, Rosa Esperanza Sánchez Ruiz Tello, ha ratificado esta semana la decisión de mantener la suspensión cautelar de la paralización del traslado del servicio de cirugía cardiaca del hospital de Basurto a Cruces. Entre ambos hospitales hay apenas cuatro kilómetros y diez minutos. Llama la atención que, entre sus argumentaciones, la jueza ahonde en el perjuicio que, a su entender, puede entrañar la decisión del departamento de Salud con su proyecto y que reflexione sobre que “en el Parlamento deberían debatir los ciudadanos, a través de sus representantes, si quieren cambiar el modelo de salud pública”. Claro. ¿O no es la Cámara vasca donde se encuentra representada la sociedad a través de sus dirigentes elegidos libremente? Sin embargo, la magistrada parece obviar que es ante el Parlamento Vasco donde el gobierno debe dar cuenta de sus actuaciones y que es precisamente esta institución, y no otra, la que debe fiscalizar su proceder. Se trata del simple y llano ejercicio de oposición. Así, cabe preguntarse si estamos ante un peligroso proceder por una intromisión de ámbito judicial en el legislativo. Ante una judicialización de la gestión pública. ¿Qué pasará, entonces, si una asociación u organización no está de acuerdo con una consignación presupuestaria? ¿Argumentará la jueza, del mismo modo, que ello debe debatirse en el Parlamento y lo suspenderá de manera cautelar? Y así hasta el infinito. La Justicia debe controlar los abusos de poder que exceden del marco legal y es la ciudadanía, como poseedora de la soberanía, la que, con su voto, avala o no la gestión desarrollada por el ejecutivo de turno durante la legislatura. Lo contrario es una injerencia que sienta un inquietante precedente del que veremos las consecuencias con el paso del tiempo.
