Un nuevo horizonte para la infancia en Euskadi

El texto posiciona a cada niño, niña y adolescente como sujeto de pleno derecho, es decir, como un ciudadano o ciudadana más de nuestra sociedad, no como meros sujetos de protección. Sin embargo, reconoce el acompañamiento que necesitan para garantizar su pleno desarrollo y el cumplimiento de sus derechos, y establece un marco legal sólido que plantea grandes avances en los ámbitos de la prevención, promoción y protección, tomando como base fundamental para su desarrollo el derecho a la participación infantil.

Todo ello, desde una mirada competencial y centrada en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e interdepartamental.

En este sentido, la nueva ley marca un hito importante en cuanto a la responsabilidad colectiva y coordinada para el ejercicio y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia y reconoce la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes: este principio deberá estar bien integrado en cualquier legislación, proyecto, programa o normativa que afecte directa o indirectamente a la infancia. 

En definitiva, integra la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia a todos los niveles, así como la obligatoriedad de contar con informes de impacto en infancia en todos los proyectos de ley. 

Asimismo, el texto implantará mejores mecanismos de protección, fomentará los entornos seguros y garantizará mayores coberturas y prestaciones. Introduce, además, la definición de “vulnerabilidad a la desprotección”, dotando así al marco legislativo de un instrumento de acción preventiva y detección precoz previo a que la desprotección sea manifiesta, lo cual supone un gran avance en la garantía de derechos de infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca.

Es decir, tenemos una ley que supondrá un esfuerzo colectivo y que debemos impulsar para que su desarrollo reglamentario y su posterior implementación sean una realidad. Un hito histórico y un gran avance sobre el que ahora debemos construir para que todo lo recogido en el texto se traslade a acciones tangibles que impulsen a niños, niñas y adolescentes hacia su pleno desarrollo y junto con ellos y ellas, al desarrollo del conjunto de la sociedad. Porque en la medida en que garanticemos los derechos de la infancia estaremos garantizando, también, nuestro futuro.

Por tanto, aunque la ley no establezca un marco presupuestario que asegure que pueda ser eficazmente implementada, debemos interpretar la prioridad presupuestaria que se recoge para tomar decisiones que pongan a la infancia y adolescencia en el centro. Para ello, debemos dotarnos de recursos tanto económicos como humanos; esa será la mejor inversión que podamos realizar como sociedad.

Sabemos que el gasto en protección social de infancia y familias en Euskadi es de un 3,4 % respecto a todo el gasto en protección social, frente al 8,3 % de media en Europa. Debemos avanzar en el incremento progresivo en la dotación de políticas de familia e infancia en porcentaje hasta alcanzar el objetivo de la media europea actual en el horizonte del año 2030, en coherencia también con los objetivos 1 (de reducción de la pobreza) y 10 (de reducción de la desigualdad) de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Asimismo, creo que es importante que recordemos el Pacto Vasco por las Familias e Infancia de 2018, en el cual las entidades y organismos que lo suscribieron se comprometieron a profundizar en las actuaciones que vienen desarrollando para garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil. Se proponía avanzar en Euskadi hacia un modelo universal y más amplio de prestaciones económicas, que llegue a todas las familias con hijos e hijas, y creo que lo ideal sería ampliarlas hasta los 18 años de edad para que resulten verdaderamente eficaces. Para ello hay que realizar un análisis y adecuación, tanto de las políticas tributarias como de las políticas públicas de gasto a fin de que ambas contribuyan de manera armónica a la consecución de los objetivos de prevención y reducción de la pobreza infantil.

Por ello, y teniendo en cuenta el marco de Garantía Infantil Europea, es esencial no perder el foco y atender a esta transversalidad de la ley en cuanto a las áreas de vivienda, educación, cuidado infantil y asistencia sanitaria se refiere, para desarrollar una estrategia de garantía infantil en coherencia con lo establecido en la propia ley para los ámbitos de prevención, detección y atención de la exclusión social y la pobreza infantil (tasa que alcanza en Euskadi el 24,3% de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE en base al umbral autonómico). Esta desigualdad en la infancia de nuestra comunidad autónoma afecta a sus vidas y a su desarrollo, pero también impacta y compromete el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo.

Desde mi nueva posición al frente de la presidencia de UNICEF en Euskadi, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los agentes políticos y sociales el trabajo y esfuerzo conjunto que se ha realizado para llegar a este momento que coloca a nuestra Comunidad Autónoma en la vanguardia de políticas de infancia a nivel estatal, y me gustaría aprovechar la oportunidad de animar a que sigamos construyendo sobre esta base sólida y transversal un futuro en el que la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes sea uno de los motores para el desarrollo de nuestra sociedad.