Con la legitimidad y la fuerza que les da su representatividad entre el colectivo laboral de la enseñanza pública vasca, ELA, LAB y Steilas llaman a la huelga al personal de Educación. Una iniciativa que no es legalmente objetable y a la que están en pleno derecho de acudir pero que estaba cantada desde que se opusieron al consenso de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos por no ser partícipes del proceso político que lo auspició.

Lo que lleva a una reflexión, seguramente más filosófica que útil, sobre el choque de legitimidades desde colectivos representativos en una sociedad democrática. ¿Están legitimadas las mayorías sectoriales de cualquier ámbito –sindicatos, pensionistas, estudiantes, cazadores, empresarios,... para esgrimir su representatividad dentro del colectivo de intereses de las personas que les eligen para modificar los criterios normativos que les afectan y que definen quienes detentan la legitimidad fruto de un proceso democrático universal?

En este caso, hay dos aspectos. El primero tiene que ver con el hecho de que, en un proceso legislativo como el que sirve para elaborar una ley, la soberanía está en los representantes democráticos de toda la sociedad, no solo del colectivo de interés afectado por la norma. El segundo, con que el planteamiento de rechazo a la norma en ciernes es de naturaleza política, de concepción de lo que debe ser o no ser el sistema educativo, aspecto que la sociedad determina en unas elecciones libres y define a través de sus representantes políticos. En democracia, construir taifas de legitimidad frente a las mayorías genera fracturas. Por cierto, en Irán, el Consejo de Coordinación de Sindicatos de la Educación ha convocado dos días de huelga contra la represión brutal del régimen contra los adolescentes. Ese choque de legitimidades, en un marco no democrático, sí tiene un valor transformador.