Sobran razones para la emergencia

26.01.2020 | 09:30

lOS escenarios para el futuro son todavía peores, sabemos que temas como la subida del nivel del mar se aceleran siendo ya imparables. Además, es probable que las tendencias para el futuro no sean lineales, sino que se produzcan escenarios disruptivos y en ocasiones de colapso como está pasando con el declive de la biodiversidad.

Concretamente, los informes sobre el estado de la biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES en inglés) y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC) nos indican el peligro real sobre los ecosistemas, con la pérdida significativa de miles de especies y el aumento del calentamiento global de 1,5ºC. Estas organizaciones científicas alertan del rumbo de colisión a la catástrofe que llevará a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. El peso de las evidencias científicas debe ser reconocido de manera pública, acompañado de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), así como políticas de adaptación al cambio climático si queremos que exista un futuro sostenible para la ciudadanía y el medio ambiente.

Ya no se trata de decir lo que hay que hacer en 2050, sino en 2020: la ciudadanía exige más concreción. Es lo que ha pasado durante los últimos decenios de política contra el cambio climático. Grandes declaraciones, pero todavía una falta total de voluntad política para afrontarlo con medidas concretas y rigurosas. No se trata solo de declarar la emergencia climática y seguir como si nada. Se trata de explicar a la ciudadanía que estamos en crisis climática pero sobre todo de llegar a compromisos reales y vinculantes para solucionarla.

En el último año se vienen sucediendo las declaraciones de emergencia climática a diferentes niveles de distintas instituciones. Países como Canadá, Francia o Irlanda ya han implementado declaraciones de este tipo y el Parlamento Europeo hizo lo propio en noviembre de 2019. En el Estado español lo ha hecho Cataluña, quién aprobó una resolución en el mismo sentido con los objetivos de descarbonización de la energía, detener la pérdida de biodiversidad, promover la recuperación de ecosistemas, una economía circular y la creación de puestos de trabajo verdes.

Por su parte, el pasado 30 de julio el Gobierno vasco hizo lo propio aprobando una declaración de "emergencia climática y ambiental". Con este paso, y en palabras del lehendakari Iñigo Urkullu, asumía el compromiso de "adoptar acciones urgentes y ambiciosas en el conjunto de las políticas del Ejecutivo", entre las que figuran "avanzar en una economía neutra en carbono para el año 2050". En la declaración de emergencia climática se aboga por la necesidad de abordar una "adaptación integral de los sistemas de transporte, las dinámicas de configuración urbana y territorial, la gestión de los recursos, los modelos de producción industrial y agropecuario o la apuesta por la economía circular".

En esta línea está el anteproyecto de la Ley vasca de Cambio Climático que se espera aprobar en Consejo de Gobierno en el primer trimestre de 2020. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, se elaborará una nueva estrategia de Cambio Climático para Euskadi, con el objetivo primordial de que nuestra comunidad sea neutral en emisiones en 2050.

Ahora, el martes, ha sido el Gobierno español quién ha aprobado una declaración de emergencia que define 30 líneas de intervención transversal que comprometen a todos los ministerios, con el anuncio de que cinco de ellas se pondrán en práctica en los primeros 100 días de mandato. La más relevante será el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que permita lograr la descarbonización en 2050, sobre la base de un sistema energético 100% renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.

Conviene recordar, que un estudio reciente de Ihobe (Sociedad Pública de Gestión Ambiental), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, con datos diarios desde 1971, concluye que la previsión de un aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en verano provocará que 40 municipios del País Vasco, en los que residen el 80% de la población, se verán afectados por fenómenos climáticos extremos en los próximos años, como inundaciones, subidas del nivel del mar y olas de calor. Ese mismo estudio advierte de que las temperaturas mínimas extremas subirán entre 1oC y 3oC en los meses de invierno, mientras que las temperaturas máximas extremas aumentarán 3oC durante el verano. Esta previsión se dará también en las tres capitales vascas, que registrarán a finales de este siglo un aumento de 4oC-5oC de las temperaturas máximas y de 3oC-4oC de las mínimas.

Sin duda, las declaraciones de emergencia climática son necesarias y suponen un aldabonazo importante en la conciencia de nuestra sociedad. Pero declarar la emergencia climática requiere asumir compromisos políticos reales y vinculantes, con la consiguiente asignación de recursos.

¿Quiénes están implicados para actuar? Sin duda, por una parte, las propias instituciones, en nuestro caso, las vascas, que deben adoptar medidas urgentes de lucha contra el cambio climático, algunas de las que he citado anteriormente. Por otra parte, la propia ciudadanía, que en parte considera que no va con ella y que deben ser las instituciones y sus gobiernos quienes solucionen la crisis climática y además con el menor impacto posible para sus vidas. Y no es así. Todos y todas debemos cambiar nuestros hábitos de consumo y poner nuestro grano de arena. El coste de no hacer nada es demasiado elevado y empeorará drásticamente las condiciones de nuestras vidas. Y, por supuesto, las empresas, que tienen una buena cuota de responsabilidad: energéticas, tecnológicas, logísticas, constructoras, industrias, transporte, agroalimentarias? Todos los sectores empresariales deben invertir en una transición ecológica que les permita seguir desarrollando sus actividades con el mínimo impacto ambiental. Deben aceptar que es imposible el crecimiento económico infinito cuando los recursos del planeta son finitos.

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